Sociedad

Más de 44.500 alumnos han objetado la materia

  • Hay casi 400 recursos pendientes de resolver en las diferentes instancias judiciales

Las objeciones de conciencia a la asignatura de Educación para la Ciudadanía (EpC) alcanzan la cifra de 44.513, según el último recuento realizado por las plataformas contra esta materia obligatoria, que debe impartirse en todas las comunidades este curso académico, tal y como establece el calendario de aplicación de la Ley Orgánica de Educación (LOE).

Así, según los datos facilitados por el colectivo Profesionales por la Ética, Madrid encabeza esta lista con 11.531 objeciones, seguida de Castilla-La Mancha (9.014 objeciones), Andalucía (7.505) y Valencia (5.606). Sin embargo, las comunidades que han registrado menos oposición a la asignatura son las Islas Baleares, donde se han contabilizado 82 hasta el momento, Islas Canarias, que registra 116, Cantabria (155) y Extremadura (263).

Asimismo, el colectivo realiza en su último informe una valoración de la implantación de la materia en las diferentes comunidades autónomas y denuncia que en las gobernadas por el PP "la cuestión es más compleja, ya que a pesar de que el propio Mariano Rajoy se ha mostrado contrario a la asignatura, los gobernantes de su propio partido han actuado a su libre albedrío, en lo que constituye una desautorización en toda regla al presidente del PP".

Un caso significativo, continuaron, ha sido Navarra, comunidad en la que el PP "gobierna indirectamente a través de UPN". Esta comunidad, al igual que las gobernadas por el PSOE, implantó EpC el pasado curso y, según Profesionales por la Ética, "el Gobierno autonómico ha rechazado sistemáticamente las objeciones obligando a los padres a acudir a los tribunales de justicia".

"Este es el panorama con el que se encuentra la Administración educativa en la vuelta al cole, más de 44.000 objetores a EpC, mayoría de sentencias y autos favorables a los padres objetores y casi 400 recursos pendientes de resolver en las diferentes instancias judiciales, algunos de ellos ya en el Tribunal Supremo. Hay también cientos de recursos administrativos que muy posiblemente llegaran a los tribunales en los próximos meses.

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