España es uno de los seis países de la ONU con leyes contra el bullying LGTBI

España se sitúa entre los seis Estados miembros de la ONU que han implementado legislaciones específicas para proteger a jóvenes LGTBI contra el acoso escolar por motivos de orientación sexual, identidad de género, expresión de género y características sexuales (OSIEGCS), según revela un reciente informe publicado por ILGA Mundo.

De acuerdo con este organismo, los otros cinco países que han adoptado normativas similares son Andorra, Finlandia, Grecia, Países Bajos y Portugal. Sin embargo, la organización advierte que estas seis naciones representan apenas una pequeña fracción del panorama global, pues aunque al menos 40 Estados miembros de la ONU mencionan explícitamente alguno de estos motivos de acoso en su legislación nacional, esto constituye solamente una quinta parte del mundo.

Entorno seguro

"Independientemente de dónde comencemos nuestro viaje, las creencias que nos guían o las vidas que podemos construir para nuestras familias, la mayoría de las personas quieren que los jóvenes avancen con seguridad a través de una educación que les garantice un futuro", ha declarado Gurchaten Sandhu, Director de Programas de ILGA Mundo, quien lamenta que "para muchas personas el acoso escolar se convierte en un gran obstáculo en el camino". El experto ha señalado además que cuando los gobiernos no actúan, "no eliminan esos obstáculos o, lo que es peor, permiten que los escombros caigan y conviertan un camino ya de por sí difícil en un desprendimiento de tierra".

Los datos recopilados por la organización demuestran que "el acoso escolar perjudica la salud mental del alumnado LGBTI y reduce sus perspectivas académicas y laborales". Sandhu enfatiza que las secuelas de este tipo de violencia "aumentan los costes sanitarios y de asistencia social" y advierte que "si los Estados se toman en serio su deseo de crear un futuro más próspero económicamente para todos, deben saber que su inacción es perjudicial no solo para las personas LGBTI, sino para la sociedad en su conjunto".

Según el informe de ILGA Mundo, la mayoría de estas jurisdicciones utilizan leyes educativas o de igualdad de trato para proteger contra el acoso escolar. Curro Peña, consultor de investigación de ILGA Mundo, explica que "estas leyes sugieren que los Estados podrían entender el acoso escolar como una forma muy particular de violencia que no solo tiene a las personas jóvenes como principales víctimas, sino también como principales autores". Por esta razón, frecuentemente las jurisdicciones "recurren a enfoques pedagógicos para educar a las personas acosadoras y darles alguna reparación a las víctimas dentro del sistema escolar, en lugar de recurrir a sanciones penales".

A pesar del entorno global actual, donde según ILGA Mundo "las fuerzas reaccionarias han convertido las vías educativas en campos de batalla", algunos países están tomando medidas concretas para proteger a los jóvenes LGTBI. En los últimos dos años, Chile, Estonia y Ucrania han debatido propuestas legislativas en este sentido, mientras que el Gobierno de las Islas Salomón inició una consulta pública para desarrollar políticas contra el acoso escolar que consideren la orientación sexual.

Adicionalmente, el Supremo Tribunal Federal de Brasil estableció que las autoridades educativas tienen la obligación legal de prevenir y abordar el acoso escolar motivado por la orientación sexual e identidad de género, como parte de su responsabilidad de garantizar a todas las personas el derecho a una educación sin discriminación.