María José Guzmán

El fantasma del copago, que rondaba el país desde hace tiempo, se hizo realidad en todo el territorio nacional a mediados de año.  Este sistema de financiación ya existía en España, aunque reducido a las aportaciones por prestación farmacéutica de los no pensionistas y al céntimo sanitario de algunas comunidades autómomas. El Estado pagaba una parte, el 60%, y el paciente el resto, a excepción de los jubilados, que disfrutaban de medicinas gratis. Desde julio de 2012 el copago se ha extendido a toda la población y se han establecido baremos distintos en función de la renta del usuario. 

Según esta reforma sanitaria, el porcentaje que toca ahora pagar es más alto en la mayoría de los casos, aunque se contemplan excepciones. Entre otras, los parados que han agotado su prestación por desempleo y los jubilados con pensión no contributiva pueden obtener los fármacos de forma gratuita. Y los enfermos crónicos pagan un máximo del 10%. 

El Gobierno central defendió la aplicación de este sistema en un contexto de grave crisis económica que obliga a ahorrar y poner freno al consumo desmesurado de fármacos con receta pública. El copago se planteó con un doble objetivo: frenar el gasto público y sanear las cuentas del Sistema Nacional de Salud. El Ejecutivo de Mariano Rajoy aspiraba a ahorrar más de 7.000 millones de euros. 

No obstante, varias comunidades autónomas, entre ellas Andalucía, han visto un afán recaudatorio en la medida, bautizada como repago farmacéutico. Y por ello, la Junta decidió pronto recurrir una norma que, según su criterio, castiga el bolsillo de las rentas más débiles y genera desigualdad en el acceso a la sanidad desmantelando un sistema consolidado y regresando a los años 70, a la beneficiencia.

Pero un mes antes de que se produjera el rechazo a esta medida, que colapsó las boticas y tumbó sus sistemas informáticos, dada la premura con la que se puso en marcha este cambio de grandes dimensiones, Cataluña había dado otro paso al convertirse en la primera comunidad autónoma que modificó su copago sanitario. Desde junio de 2012 las recetas cuestan 1 euro en dicha comunidad, con algunas excepciones, como los medicamentos con un precio inferior a 1,67 euros, cuya prescripción es gratuita. La Generalitat pretendía recaudar 50 millones de euros en 2012 para reducir el déficit que acumula la sanidad pública, una decisión que también ha generado rechazo social y que ha dado pie a la aparición de deudores con el Gobierno de Cataluña. Y a un recurso por parte del Gobierno central, que entiende que la medida implantada por la comunidad afecta a un supuesto regulado por una ley estatal y alega que las comunidades no pueden incidir directa o indirectamente en la fijación del precio de los  medicamentos.

No obstante, la segunda comunidad en desafiar al Ejecutivo de Mariano Rajoy ha sido una gobernada precisamente por el PP: Madrid. El euro por receta no sólo ha convulsionado a los usuarios madrileños, sino que ha abierto una brecha política en el seno del partido por la aplicación de una norma a sabiendas de que el Gobierno central consideraba inconstitucional.