Representantes de 300 familias españolas presentaron ayer un recurso ante el Tribunal Supremo para solicitar la anulación del decreto que reforma la Ley para la Autonomía Personal y Atención a las personas en Situación de Dependencia, aprobado por el Gobierno el pasado mes de julio, porque consideran que "vulnera derechos fundamentales".

Así explicó a los medios de comunicación en la puerta del Alto tribunal el portavoz de la Entidad por los Derechos Civiles de la Discapacidad y sus Familias, Antonio Moreno, que se identificó como padre de un menor en situación de dependencia.

Tras presentar el recurso, Moreno, manifestó su "decepción" por el hecho de que "ni la oposición ni los diputados que nos intentan representar se hayan puesto de acuerdo para interponer el recurso", siendo ellos "los que tienen la legitimidad para hacerlo".

Tras lamentar que ni políticos ni otras asociaciones hayan decidido recurrir, explicó que desde su asociación buscan "que se anule el decreto porque una cuestión son los derechos adquiridos que tienen las familias antes del real decreto y otra cuestión es las familias de nueva incorporación" a las que sí se les puede aplicar esa reforma.

Explicó que la "estrategia" de la asociación para paralizar la aplicación del decreto por el que se reformó la ley de dependencia consiste en dos vías.

La primera de ellas es el recurso interpuesto ayer ante el Tribunal Supremo y la segunda "el recurso que cada familia haga con el fin de que se paralice su expediente". Según el portavoz, el recurso, del que la asociación no ha facilitado copia, plantea que la reforma de la Ley de Dependencia vulnera derechos y deberes consagrados en el título primero de la Constitución, concretamente en los artículos 14, 31, 33 y 39.

Moreno indicó que lo que se trata es de "evitar la aplicación del decreto de medidas excepcionales en el título 3 y a partir del artículo 22 y en todas las disposiciones adicionales y finales en tanto afecta a la ley de dependencia y sobre todo en la disminución de ingresos en el tema de la Seguridad Social de personas que sean dependientes".

Señaló también que a partir de que se aprobara el decreto, pidieron a la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, que estuvieran amparados "para que interpusiera ese recurso, pero a fecha de hoy ha dado la callada por respuesta".

El pasado 13 de julio, el Consejo de Ministros aprobó la reforma de la Ley de Dependencia, que, entre otros aspectos, supone una reducción de un 15 % de la paga a los cuidadores familiares de los dependientes, a los que se exigirá unos conocimiento mínimos para concederles la asignación con el fin de dar prioridad a los cuidados profesionales.

Con la reforma desaparecen además los dos niveles en que se divide cada grado de gravedad de la dependencia, si bien las personas que ya tuvieran reconocido el grado y el nivel permanecerán igual que antes de que tuviera lugar la reforma.

A partir de ahora, la ley define unos criterios comunes para determinar la capacidad económica del usuario que se calculará, además de con la renta, con su patrimonio particular.