Al menos doce grandes ciudades españolas tienen ya regulada mediante ordenanzas municipales la prostitución callejera, con multas a clientes y meretrices que van desde los 750 a los 3.000 euros, aunque aún hay muchas capitales de provincia que no cuentan con una norma al respecto.

Ejercer la prostitución o practicar actos sexuales en la vía pública son conductas prohibidas en los municipios, que sin embargo en los últimos tiempos han ido elaborando ordenanzas que endurecen las sanciones, sobre todo a los clientes, y que son más altas en el caso de que se produzcan cerca de colegios.

Son ciudades como Bilbao, Valencia, Málaga, Sevilla, Granada, Ávila, Albacete o Alicante, entre otras, que junto con todos los demás municipios que no tienen ordenanza sí disponen de servicios sociales que prestan información y ayuda a las prostitutas.

La última gran ciudad en incorporarse ha sido Barcelona, que multa a los clientes de las meretrices con sanciones de hasta 1.500 euros, que pueden doblarse hasta los 3.000 si mantienen las relaciones sexuales en la vía pública.

La solicitud, demanda y negociación de servicios sexuales retribuidos en el espacio público por parte de clientes potenciales podrán ser sancionados con entre 1.000 y 1.200 euros, aunque si su conducta ocurre a menos de 200 metros de un colegio la multa podrá llegar a los 1.500 euros. Las prostitutas pueden ser multadas con entre 100 y 750 euros.

Paralelamente, en las carreteras catalanas de titularidad de la Generalitat se ha empezado a multar este año a las prostitutas y a sus clientes, que se exponen a sanciones de hasta 30.000 euros.

Así, el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, anunció en junio que estudia endurecer la lucha contra la prostitución y que contempla multar a las meretrices que ejerzan en las carreteras.

La alcaldesa de Madrid, Ana Botella, se mostró partidaria de multar al proxeneta y no a la mujer.

El Ayuntamiento de Madrid no cuenta con ninguna regulación sobre la prostitución, ni establece sanciones, aunque prepara un plan contra la explotación sexual.

Desde el consistorio ven necesario que la FEMP trabaje en una propuesta común sobre la regulación del ejercicio de la prostitución en la calle que pueda elevar después al Gobierno central.

En Sevilla, existe desde el 28 de octubre una ordenanza para combatir la prostitución callejera, que prevé multas para los clientes de entre 750 y 3.000 euros, y desde esa fecha se han cursado ya más de un centenar de denuncias.

La ordenanza considera "víctimas" a las mujeres que se prostituyen y no prevé ninguna medida sancionadora contra ellas, sino actuaciones de carácter social.

En Granada, la ordenanza de la convivencia, en vigor desde noviembre de 2009, sanciona el ejercicio de la prostitución en la calle con hasta 3.000 euros y en sus dos primeros años de aplicación ha registrado 456 denuncias, 83 de ellas a clientes.

Málaga cuenta desde septiembre de 2010 con una ordenanza que establece sanciones -de 750 hasta 1.500 euros- para las prostitutas a menos de 200 metros de centros educativos y viviendas, que abarcan desde el ofrecimiento y la solicitud, a la negociación y aceptación de servicios sexuales.

En el País Vasco, Bilbao aprobó en marzo de 2010 una ordenanza que lo regula y que prevé multas de 750 euros en caso de sanciones por infracciones leves y de 3.000 euros para las muy graves.

En Vitoria no existe una regulación sobre prostitución callejera y la Policía Local lleva a cabo controles puntuales para que no haya mujeres ejerciendo en la calle.

En el caso de Valencia, el Ayuntamiento está elaborando una ordenanza que, según el concejal de Seguridad Ciudadana, Miquel Domínguez, debería incluir la sanción a prostitutas y clientes.

La ordenanza de Alicante, aprobada en febrero de 2011, contempla sanciones económicas para los clientes y las meretrices siempre que las actividades sean en espacios públicos. Las multas son de los 1.500 a los 3.000 euros.

En Castilla-La Mancha, Albacete sanciona a los clientes y a las prostitutas que ejerzan en la calle con multas de 1.500 a 3.000 euros.

Guadalajara tiene desde 2009 una ordenanza que prohíbe esas prácticas, con multas de hasta 1.500 euros, en tanto que Ciudad Real está estudiando regularlo.

Badajoz es la única ciudad extremeña con una ordenanza en la que se prohíbe ejercer la prostitución en la vía pública.