El ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, ha anunciado este martes que el coste de implantación de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) , desde el curso 2014-2015 y el 2016-2017, será de 964 millones de euros, de los que 614 procederán del Fondo Social Europeo.

Además, ha señalado que para la consolidación de la norma, en los tres cursos siguientes -2017-2018, 2018-2019 y 2019-2020- el Ministerio de Educación prevé un coste de 1.200 millones (400 millones por curso), que tendrá que ser cofinanciado por las comunidades autónomas, previo debate en la reunión de Política Fiscal y Financiera.

Así lo ha precisado el titular de Educación durante su comparecencia en la Comisión de Educación en el Congreso de los Diputados, donde ha avanzado que el próximo lunes 30 de junio ha convocado a los consejeros del ramo de las comunidades autónomas para informarles sobre la financiación de la Lomce

El ministro ha subrayado que la valoración de las autoridades comunitarias en cuanto a la implantación de la nueva Formación Profesional Básica (FPB) ha sido "muy positiva", tanto desde las instancias educativas como de empleo porque se trata de medidas "susceptibles de tener un impacto" sobre los problemas de abandono escolar temprano y la transición al empleo.

La Lomce se empezará a implantar el próximo curso 2014-15 para tres años de Primaria y para la nueva Formación Profesional Básica.

Las CCAA pagarán por plazas privadas en castellano

El ministro también ha señalado que los alumnos que tengan que estudiar en un centro privado por no tener en su comunidad uno público o concertado donde recibir educación en castellano como lengua vehicular serán compensados por la administración autonómica hasta un importe máximo equivalente al coste de una plaza en un centro público. Así, el coste de una plaza de un alumno en un centro público será el límite aplicable a aquellos estudiantes que, en virtud de la reforma educativa, estudien en uno privado porque no puedan hacerlo en uno público en castellano como lengua vehicular. Fuentes de Educación han señalado que una plaza en un centro educativo público asciende en la actualidad a 6.057 euros al año. En el caso de que una familia solo tenga cerca un colegio privado que cueste más del citado límite de compensación, y el Ministerio lo considere justificado, asumirá dicho coste con los fondos de la Administración, y posteriormente se descontará a la comunidad con lengua cooficial correspondiente, han comentado las mismas fuentes.

La secretaria de Estado de Educación, Montserrat Gomendio, explicó recientemente que con la citada disposición de la Lomce se da cumplimiento al derecho de las familias a elegir el castellano como lengua vehicular de la enseñanza de sus hijos, tal y como les reconoce el Tribunal Constitucional. La Lomce determina que aquellos alumnos que no tengan en su comunidad un colegio público o concertado donde recibir educación en castellano como lengua vehicular vayan a uno privado y el coste sea asumido por dicha autonomía tras adelantarlo Educación.

Por su parte, la consejera de Enseñanza catalana, Irene Rigau, ha exigido hace unos días al Gobierno que "acate" las recomendaciones del dictamen del Consejo de Estado y que rehaga el decreto de la Lomce que prevé que la administración pague una escuela privada para alumnos que elijan el castellano como lengua vehicular. Rigau considera que Educación no ha calculado bien el coste de la medida prevista por la ley para sufragar los gastos de la escuela privada ni los límites de lo que le tocaría pagar a la comunidad autónoma. En la Comisión de Educación, distintos grupos de la oposición como CiU y BNG -grupo mixto- han achacado a la disposición 38 de la Lomce "intromisión" autonómica.

Grados de tres años

Por otra parte, el titular de Educación ha confirmado que el Ministerio estudia que, de forma "optativa y selectiva", las universidades puedan ofertar grados de tres años, en lugar de cuatro, para alinearse con gran parte de los países europeos. En el proceso adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), conocido como Plan Bolonia, la mayoría eligió la fórmula de tres años de grado y dos de master, mientras que España optó por cuatro de grado y uno de master.

"Para muchos, la fórmula elegida por España supone un freno para la internacionalización de las universidades considerable", ha reconocido Wert al abordar en esta comisión parlamentaria algunos de los aspectos de la reforma universitaria a petición de algunos grupos. El ministro ha advertido, no obstante, de que "apenas" concluida la adaptación a Bolonia, pretender un "cambio radical y obligatorio" de la duración de los grados y másteres por todas las universidades españolas "podría acarrear más problemas que soluciones". Por eso ha insistido en que puede ser "optativo y selectivo" por los campus.