La Red por el Derecho a tener Derechos, que aglutina a más de treinta colectivos en defensa de los inmigrantes indocumentados que se han quedado sin tarjeta sanitaria en España, ha anunciado que llevará al Tribunal Europeo de Derechos Humanos "cada caso" de desatención grave a estas personas. El Ministerio de Sanidad anuló el sábado la tarjeta sanitaria a 910.000 pacientes que no pagan impuestos, porque no contribuyen a las arcas de la Sanidad pública, una medida urgente con la que se espera ahorrar al menos 1.500 millones de euros.

Este es el primer lunes en el que los centros de salud afrontan la nueva situación, que afecta especialmente a más de 150.000 inmigrantes sin permiso de residencia, por su vulnerabilidad económica y social, y que hasta ahora eran atendidos con solo empadronarse en este país. Aunque la jornada ha transcurrido sin incidentes, organizaciones y colectivos de la sociedad civil, asociaciones de inmigrantes y refugiados y de defensa de los Derechos Humanos se han comprometido a vigilar cómo se trata a estas personas desde este mismo lunes, sobre todo a los enfermos crónicos, graves o a aquellos que padezcan patologías infecciosas.

Los portavoces de algunas organizaciones de la Red, como la Federación Estatal de Asociaciones de Inmigrantes y Refugiados en España (Ferine) y Médicos del Mundo, Iván Forero y Mario Pérez, han advertido que denunciarán en la Corte de Estrasburgo cada posible caso de desatención.

El departamento que dirige Ana Mato se ha comprometido a atender a los inmigrantes irregulares en urgencias en caso de accidente o enfermedad grave; en el embarazo, parto y postparto y a los menores de 18 años. Tampoco dejará sin su tratamiento a los pacientes crónicos o con enfermedades infecciosas.

No obstante, si las autoridades sanitarias "no cumplen" o si no se respeta la normativa internacional, los colectivos de la Red no dudarán en denunciar la situación de quienes sean víctimas de una violación de su derecho a la salud y a la vida, reconocidos por el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales. Ambos portavoces han coincidido en señalar que, dada la confusión existente en la aplicación del decreto del Gobierno, tendrán que "esperar" y ver cómo se actúa en cada Comunidad Autónoma, porque en algunas se ha garantizado una cobertura completa a este colectivo. País Vasco, Cataluña, Navarra, Andalucía, Canarias o Asturias seguirán atendiendo a los sin papeles e incluso algunas regiones como Galicia y Castilla León, gobernadas por el PP, también mantendrán la asistencia.

Por otra parte, la Red presentará el próximo jueves una nueva campaña que lleva por lema "Yo SI, sanidad universal" y que ha sido promovida por usuarios y trabajadoras del Sistema Nacional de Salud. "Estamos organizando una campaña de desobediencia civil frente a la reciente reforma sanitaria, recogida en el Real Decreto-Ley 16/2012, que supone la exclusión de cientos de miles de personas del derecho a recibir atención sanitaria y el repago de medicamentos y de ciertas prestaciones sanitarias", ha señalado Forero, portavoz de la plataforma. La primera actuación que llevarán a cabo será "articular y visibilizar" la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios y "organizar" y "proteger" la desobediencia civil.

El portavoz de Médicos del Mundo ha recordado que el modelo anterior era "universal", es decir, el acceso a la Sanidad estaba garantizado a toda la población sin excepciones y ahora, sólo las personas "aseguradas" podrán tener algunas prestaciones "básicas". El siguiente paso que darán estos colectivos va a ser promover un voluntariado de "acompañamiento" al inmigrante indocumentado. "No les vamos a dejar solos", ha apuntado Forero. Se trata de un "instrumento de compromiso" con los sin papeles, que va desde las asociaciones de vecinos, padres y alumnos, a ONG como Cáritas y colectivos de sanitarios que se encarguen de "vigilar personalmente" que no se abandona a un inmigrante necesitado de atención médica "con su nombre y apellidos".