Las defensas del doctor Carlos Morín y sus colaboradores, acusados de practicar un centenar de abortos ilegales en sus clínicas de Barcelona, plantearon ayer la nulidad del proceso alegando irregularidades en la instrucción.

Con las cuestiones previas planteadas por las partes, comenzó ayer en la Audiencia de Barcelona el macrojuicio por los abortos ilegales en las clínicas del doctor Morín, que afronta una petición fiscal de más de 300 años de cárcel, de los que cumpliría un máximo de doce.

Además de Morín y su esposa, que se expone a una pena de 204 años de prisión, en el banquillo se sientan otros nueve colaboradores del doctor, entre psiquiatras anestesistas y ginecólogos que supuestamente practicaron o permitieron los abortos, para quienes la Fiscalía pide penas de entre 50 y más de 200 años de prisión.

Otro de los ginecólogos imputados está huido desde hace meses, después de que la Audiencia le levantara las medidas cautelares de comparecencia periódica en el juzgado que tenía impuestas, y el tribunal lo ha declarado en rebeldía.

La primera sesión del juicio estuvo marcada por las alegaciones previas planteadas por las defensas, que pidieron que se declare la nulidad de todo el proceso alegando distintas irregularidades durante la instrucción de la causa penal, iniciada en el año 2006.

Uno de los principales motivos de los letrados de defender la nulidad del proceso, es que la instrucción está "viciada" desde su inicio, dado que se emprendió a raíz de un documental con cámara oculta de una televisión danesa cuando, mantienen los abogados, la jurisprudencia impide dar validez a una prueba de ese tipo.

Precisamente, la Fiscalía y las acusaciones solicitaron ayer al tribunal que llame a declarar como testigos a los periodistas daneses responsables de ese documental, una diligencia que les ha sido denegada durante la instrucción de la causa.

Por su parte, tras la petición de la defensa, la fiscal negó que la instrucción del caso se haya basado dicho reportaje en cámara oculta de la televisión danesa que destapó las irregularidades.

El Ministerio Fiscal defendió que el reportaje fue un "mero elemento adicional".

Así, indicó que fueron varios los elementos que llevaron al Juzgado de Instrucción 33 de Barcelona a iniciar la investigación como la información sobre noticias de las clínicas que aportó una particular a la policía catalana, la querella de la asociación E-Cristians y la aparición de una testigo protegida que entregó documentación detallada sobre las pacientes y el funcionamiento del negocio.

Una decena de miembros de la plataforma antiabortista Derecho a Vivir se concentraron ante la Audiencia de Barcelona por el juicio a Morín y sus colaboradores. Con una pancarta roja con el lema No existe el derecho a matar: existe el derecho a vivir y uniformados con gorras y camisetas de la plataforma, se planataron ante la sede judicial. Su portavoz, Liberto Benderos, celebró en declaraciones a los medios que el caso haya llegado a juicio.