Luis Villalba

El indulto en noviembre de 2012 del gobierno de Rajoy a cinco mossos d'esquadra, condenados por torturas, puso de relieve ante la opinión pública el uso de las medidas de gracia e incluso la propia legitimidad de estas medidas. El manifiesto Contra el indulto como fraude, firmado por 200 jueces a causa de este perdón, especialmente repugnante dada la naturaleza del delito, denunciaba "el uso grosero y desviado" que hace el Gobierno de esta institución, considerando que su abuso dinamita la división de Poderes y usurpa el papel del Poder Judicial. El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, replicaba en los medios de comunicación que el indulto era prerrogativa del Gobierno de la nación y que la ley le eximía de dar más explicaciones. 

En efecto, la Ley de Indulto española procede de 1870 y no precisa que haya que dar cuenta de las razones del indulto. Esta discrecionalidad fue reforzada durante el período democrático en la única modificación de esta antigua norma, llevada a cabo en 1988 durante el segundo gobierno de Felipe González. Precisamente esa discrecionalidad era reprochada en un auto del Tribunal Supremo que desestimaba una demanda interpuesta a causa de un escándalo similar a fines del 2011 con el indulto al banquero Alfredo Sáenz por parte del Gobierno de Zapatero. Aunque la demanda no se admitía a trámite, el Supremo calificaba al indulto en su resolución como "herencia del absolutismo" y de difícil encaje en nuestro sistema constitucional, pues la ausencia de argumentación para la medida de gracia la convierte en arbitraria y la Constitución prohíbe terminantemente en su artículo 9 la arbitrariedad de los poderes públicos.

Desde el año 1977, los sucesivos gobiernos han concedido alrededor de 17.648 indultos, una media de 504 al año. El ex presidente José María Aznar ostenta el récord con 5.916 en sus dos legislaturas, mientras que su sucesor, José Luis Rodríguez Zapatero, concedió 3.226 en el mismo tiempo. España se sitúa así a la cabeza de los países que más medidas de gracia ejecutan. Como ejemplo, el presidente norteamericano George W. Bush concedió 200 en sus ocho años de mandato. De los indultos concedidos en 2012, 434 han sido aprobados por el Ministerio de Justicia y otros 34 por el de Defensa (relativos a penas por deserción). El delito por el que más se ha indultado es, de lejos, el de tráfico de drogas (193, el 41%). Le siguen los robos (59); las estafas, apropiaciones indebidas y falsedades (56); las lesiones (42); los atentados contra la autoridad (24); los hurtos (11); la prevaricación y otros delitos contra la Administración Pública (9); los delitos contra el medio ambiente (9); y los homicidios imprudentes o en grado de tentativa (7).

Los indultos por prevaricación sólo han sido seis durante 2012, pero en la opinión publica ha quedado instalada la sospecha de que las medidas de gracia son utilizadas por éste y anteriores gobiernos para que políticos, banqueros, empresarios o miembros del aparato del Estado no cumplan las penas a las que los condenan los tribunales.