El Gobierno no ve "difícil" anular el nuevo sindicato Organización de Trabajadoras Sexuales (Otras), cuya constitución aprobó el Ministerio del Trabajo, mientras que sus promotoras reclaman la dimisión "en bloque" del ejecutivo, que no les permitirá sindicarse.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la ministra portavoz, Isabel Celaá, subrayó este viernes que el Ejecutivo "no acepta de ninguna de las maneras que haya un sindicato de trabajadoras del sexo".

"La Abogacía del Estado se ha puesto ya a estudiar cómo arreglar esta cuestión. No parece difícil. Hay varias vías, una de ellas parece la más rápida, y a esa iremos",  aseveró la ministra, que detalló que la vía rápida será "la nulidad de pleno derecho para revocar" el sindicato.

Preguntada por la intención del Ejecutivo de promover la abolición de la prostitución, Celaá recordó que "efectivamente se trata de una actividad no regulada en España", pero ha matizado que el Gobierno no trató este viernes el asunto en su reunión, por lo que ha considerado que sería "una ligereza" pronunciarse.

El pasado 4 de agosto, el BOE publicó la constitución del sindicato Otras después de que la Dirección General de Trabajo comprobase que reunía los requisitos legales.

Fue la propia Dirección General de Trabajo la que reconoce en el BOE que observó defectos en la documentación presentada, pero que les requirió subsanar estos defectos, que fueron efectuados por las promotoras del sindicato el 26 de julio.

La ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, reconoció el jueves que le habían "colado un gol por la escuadra" y que "desconocía por completo" que su ministerio había dado el visto bueno al sindicato.

La secretaria general de Otras, Concha Borrell, declaró este viernes por su parte en una multitudinaria comparecencia de prensa en Barcelona que el Gobierno de Pedro Sánchez debería "dimitir en bloque" por rechazar a su sindicato y "por no entender que es un trabajo".

Borrell defendió que la prostitución "no es ilegal: bien que se reparten licencias para abrir clubes de alterne", por lo que le parece "increíble" la postura del Gobierno.

"Es posible que algunas personas con una posición acomodada en el Gobierno enmascaren, tras la intocable tela del feminismo blanco heterosexual y burgués, que demandar derechos para un sector empobrecido y estigmatizado es una atrocidad. Para nosotras, sin embargo, es de plena justicia", dijo Borrell.

"El abolicionismo esconde una moralina y un odio visceral hacia las trabajadoras sexuales por parte de algunas privilegiadas", añadió la trabajadora sexual.

Ser contratadas, tener baja por enfermedad o maternidad, un sueldo fijo, vacaciones o una jubilación, entre otros derechos, es algo "absolutamente impensable" para este colectivo, denunció Sabrina Sánchez, otra de las impulsoras del sindicato.

Sánchez y Borrell reivindicaron el derecho a tener "todo el reconocimiento y respeto de las administraciones", les guste o no su trabajo, y denunciaron que se otorguen licencias a locales de alterne y que, por el contrario, ellas no puedan organizarse.

La consejera de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta, María José Sánchez Rubio, ha resaltó "el compromiso que tiene el Gobierno de hacer todo lo posible y lo imposible para que se revoque" la resolución con la con la que dio luz verde a la creación de Otras.

La coportavoz de En Comú-Podem en el Congreso Lucía Martín dijo por su parte que "intentar impedir que un colectivo de trabajadoras sexuales se auto-organice y decida montar un sindicato es incomprensible teniendo en cuenta que esa herramienta les permite empoderarse, luchar contra el estigma, la precariedad y por sus derechos sociales y políticos".

El colectivo feminista Genera, que lucha por los derechos de las trabajadoras sexuales, terciaó subrayando que "por mucho que digan los medios, la prostitución no es una actividad ilegal", y criticó que se quiera "criminalizar una actividad y un colectivo".