Un 25% de los reclusos que cumplen condena en las cárceles españolas tienen recogido uno o varios diagnósticos psiquiátricos en su historia clínica, la mitad son o han sido drogodependientes, y cuatro de cada cien padecen una enfermedad mental de carácter grave según datos de la secretaria general de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo.

"Algo está fallando cuando el camino de la enfermedad mental, para muchas personas, termina en la cárcel", se lamentó Gallizo, que apuesta por políticas preventivas que eviten que los trastornos mentales deriven en delitos y después en cárcel para los enfermos.

La responsable de Prisiones considera que la cárcel debería quedar reservada para la delincuencia "más grave, violenta y peligrosa", mientras que los enfermos mentales y quienes cometen pequeños delitos a causa de la droga deberían ser atendidos en instituciones especializadas.

"Ahora que no hay manicomios, sólo quedan las prisiones", constata Gallizo, que reconoce que la cárcel se ha convertido en muchas ocasiones en el único recurso para combinar tratamiento psiquiátrico y seguridad, a pesar de que supone "un drama humano" y "una equivocación terapéutica". Estos internos con patologías psiquiátricas incrementan la conflictividad en el interior de las prisiones, alteran la convivencia porque no asumen con facilidad las normas y, de hecho, son los protagonistas de la mayor parte de los incidentes que se producen en el interior de los centros.

Frente a esta situación, Mercedes Gallizo defiende el cumplimiento de las condenas en medio abierto y el desarrollo de penas y medidas alternativas a la prisión.