La familia de Víctor Laínez, que vestía unos tirantes de la bandera española cuando fue agredido mortalmente en 2017 en Zaragoza presuntamente por el antisistema Rodrigo Lanza, ha pedido que el acusado "pague por lo que ha hecho" y ha sostenido que fue un crimen ideológico.

Un jurado popular juzgará desde este lunes en la Audiencia Provincial de Zaragoza a Lanza como presunto autor del asesinato por odio de Laínez, de 54 años, quien falleció en un centro hospitalario cuatro días después de sufrir una agresión en un bar la madrugada del 8 de diciembre de 2017 supuestamente por llevar esos tirantes.

La Fiscalía y las acusaciones particular y popular piden una condena de 25 años por un asesinato de odio, con alevosía y ensañamiento.

Vinculado al movimiento antisistema y okupa, Lanza Huidobro nació en Viña del Mar (Chile), aunque tiene la nacionalidad italiana, es nieto del almirante golpista chileno Sergio Huidobro, un colaborador del general Augusto Pinochet, y ya cumplió una pena de cinco años de cárcel tras agredir en 2006 a un agente de la Policía local de Barcelona al que dejó tetrapléjico.

En declaraciones a los medios antes del inicio del juicio, el hermano de la víctima, Javier Laínez, ha asegurado que la familia solo espera que se haga justicia "y que esta alimaña pague por lo que ha hecho", porque -ha dicho- ya salió casi impune de lo ocurrido en Barcelona.

Según Javier Laínez, su hermano estaba en el bar tomando una caña "muy tranquilamente" y no era ni falangista ni nazi, pero el acusado le increpó y le golpeó en la nuca y en el suelo "lo machacó de una manera bestial".

"Ojalá hubiera llevado la navaja -como alega la defensa del acusado- y le hubiera dado 70 puñaladas, porque yo iría a ver a mi hermano a la cárcel" y la familia de Lanza iría adonde él va a ver a su hermano, "a un agujero del que nunca saldrá", ha aseverado.

Ha sostenido que fue un crimen ideológico, porque su hermano no se metía con nadie, era una buena persona y si hubiera sido nazi o falangista habría tenido antecedentes y habría estado fichado por la policía, y no era así.

El ministerio público solicita una condena de 25 años de prisión para el acusado por el presunto asesinato de Víctor Laínez por odio, con alevosía y ensañamiento, así como el pago de una indemnización de 150.000 euros a la familia de la víctima y de 5.600 al Salud, presente en la causa como actor civil, por los gastos generados.

Esta petición es la misma que plantea el representante legal de la acusación particular en nombre de la familia de la víctima, y la acusación popular, ejercida por Vox, mientras que la defensa de Lanza pide la absolución al asegurar que éste actuó por temor a perder la vida, sin motivación ideológica, en estado de pánico y afectado por el consumo de alcohol.

Subsidiariamente, en el caso de que se le considere autor de algún delito, alega la aplicación de eximentes de trastorno mental transitorio, legítima defensa, miedo insuperable y que estaba bajo los efectos de alcohol.