Consideran que la valoración que hace la juez Bolaños de las diligencias practicadas "no es acertada" y reiteran que hay pruebas denegadas por la instructora que deben hacerse.

El gabinete jurídico de la Administración autonómica defiende que los beneficiarios de las ayudas de los ERE son los trabajadores y no las empresas, en contra del criterio de la IGAE.

El fiscal delegado de Anticorrupción considera "del todo reprobable los términos elegidos por la acusación particular para censurar la decisión judicial" y la Junta (PP y Cs) califica de "groseros e intolerables" dichos términos.

La juez afirma que se han "desvanecido uno por uno los indicios de delito" y atiende así la petición de varias defensas, que fue apoyada por la propia Junta de Andalucía, que ejerce la acusación particular.

La decisión de la Junta de apoyar el archivo de una causa de Alaya reabre el debate sobre la judicialización de la política y el ejercicio de las acusaciones.

La Junta ha pedido el archivo de la macrocausa de los avales de IDEA, en la que actúa como acusación particular.

Las defensas lamentan que la acusación popular "haya rebasado todos los límites" al acusar a la instructora de tres delitos.

La decisión del Gobierno andaluz supone un auténtico giro en la investigación, puesto que está apoyando el archivo de unas actuaciones que se centraban en la gestión de los avales y préstamos por parte de la agencia IDEA y traslada la presunta responsabilidad a un grupo de empresas.

En la macrocausa de los avales se plantea un escenario completamente distinto porque es la propia Junta de Andalucía, la perjudicada por el delito, la que apoya el archivo, como en su día reclamó el archivo de la causa por la que han sido juzgados los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

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