Los jueces de Sevilla han ordenado ya la vacunación de ocho ancianos y hay cuatro casos en los que los familiares han cambiado de opinión y aceptado finalmente la inoculación. El mes de febrero dispara los fallecimientos en las residencias, con más de 50 casos, y desde que se inició la pandemia han muerto 425 mayores.

La Fiscalía aprecia delitos de trato degradante, desobediencia, abandono de personas con discapacidad y contra la salud pública, por la medicación que se les facilitaba. Las tres residencias están ya clausuradas, dos de ellas por orden de la Junta de Andalucía.

De sus 137 residencias asociadas en Sevilla y otras provincias andaluzas, más del 80% confiesan estar en una situación económica "grave o extremadamente grave". Algunos centros de Sevilla consultados por este periódico llevan casi tres meses sin cobrar, desde mediados de diciembre de 2020 sin percibir ningún dinero por plaza concertada.

Lamenta que Andalucía y País Vasco son las únicas comunidades que no ofrecen geriatría en la sanidad pública a pesar de la creciente demanda en nuestro país de estos especialistas médicos.

Dos hermanas valencianas de 88 y 93 años acumulan 435.000 seguidores en 'Tik Tok'. Comenzaron a subir vídeos de baile durante el inicio de pandemia, en marzo pasado, con la ayuda de la nieta de una de ellas.

La mayoría de los familiares se han hecho cargo de los ancianos, aunque 13 han sido realojados por la Consejería de Igualdad.

La Fiscalía pide para él y para el administrador contable del centro seis años de cárcel.

Se trata de dos de los tres establecimientos a los que el fiscal ha abierto unas diligencias penales por ofrecer a los ancianos alimentos inadecuados y medicamentos "caducados", además de tenerlos sin sábanas o mantas.

Los 47 residentes que han regresado han recibido además la vacuna contra el coronavirus.