Los tres acusados, entre ellos el exalcalde de Granada José Torres Hurtado y la exconcejala de Urbanismo Isabel Nieto, declaran que no intervinieron en la licencia de ocupación del edificio ni en el expediente sancionador. La acusación popular que ejerce Ramón Arenas rebaja su petición de penas hasta un año y medio de cárcel.

Los socialistas andaluces argumentan al juzgado que se apartan del caso por su nueva posición institucional de gobierno en el Ayuntamiento de Granada. Hasta ahora el partido, que ejercía la acusación popular, pedía 12 años de inhabilitación especial por supuesta prevaricación en la concesión de licencias para su propio edificio.

Será la segunda vista contra el exalcalde de la capital tras la del caso Serrallo, de la que resultó absuelto.

El exalcalde y la exconcejal de Urbanisto están acusados de posibles delitos de prevaricación común y urbanística y tráfico de influencias.

Rechaza que el Ayuntamiento de Granada sea considerado responsable civil subsidiario, por lo que respondería económicamente de los presuntos delitos de los políticos y funcionarios investigados.

La imagen de José Torres Hurtado aquella mañana del 13 abril de 2016, tapado con cartones y rodeado de una decena de policías que lo metían en un coche para que asistiera al registro de la Alcaldía de Granada, podría parecer un perfecto resumen de la Operación Nazarí, la espectacular redada policial y judicial contra una supuesta trama de corrupción que provocó un terremoto político dentro y fuera de la ciudad, con réplicas inmediatas en Sevilla y Madrid. Pero ese momento inmortalizado tuvo un ‘antes’ muy intenso y un ‘después’ muy largo, que continúa hoy sin un final claro en el horizonte. Hay varias fotos más que pueden ayudar a comprender cómo fueron aquellas horas previas y las posteriores.

El caso Nazarí tendrá su propio recorrido pero hay otro juicio pendiente que tiene que ver con su propio partido y con Granada. Año V: un final abierto con inicio en el albero de Sevilla.

La pieza Obispo Hurtado, del caso Nazarí, se repartirá a uno de los juzgados de lo Penal de Granada por el tipo de delitos y las penas que le corresponden.

Si la Audiencia de Granada resuelve que no es competente, el caso sería juzgado por la vía de lo Penal.

La jueza pide a McDonald's, La Cueva y otros establecimientos que aporten sus contratos, mientras reclama al Ayuntamiento pruebas de haber autorizado la explotación de los locales en suelo municipal.