El letrado dice que no se puede continuar con un proceso de ejecución hipotecaria si se anula una disposición injusta. El TS propuso aplicar la ley general, que alude a tres meses de impagos.

El Defensor del Pueblo Andaluz subraya que esta situación es "un ejemplo más de los graves problemas de carga de trabajo que pesan en muchos órganos judiciales en Andalucía".

El órgano, que por ahora sólo tiene a la juez en prácticas, podría recibir más de 500 litigios al mes si se mantiene la tendencia.