La Fiscalía reclama seis años de cárcel para el Dioni de Almensilla. La juez impone una fianza de 2,8 millones al Dioni de Almensilla.

La instructora abre juicio oral sólo contra cuatro acusados y por un delito continuado de apropiación indebida.

Una nueva asociación apuesta por cambiar el sistema de compensación para urbanizar por el de cooperación, implicando al Ayuntamiento. Consideran que, después de 28 años, el actual sistema ha resultado “nefasto”.

El equipo, de carácter técnico, se centrará en la falta de suministros básicos, como luz y agua. Es el primer paso tras la Proposición no de ley aprobada por unanimidad en el Parlamento.

El principal investigado en este caso, conocido como el Dioni de Almensilla, llevaba casi tres años en prisión provisional y su salida de prisión se produce cuando ya ha sido procesado por el desfalco de casi dos millones de euros durante el tiempo que fue tesorero de la junta de compensación del Sector F de esta localidad sevillana.

La supresión de pozos comunitarios en la zona de Santa Iglesia ha dejado sin suministro a unas 100 viviendas. Aljarafesa instaló un grifo a la entrada de la parcelación tras decretarse el estado de alarma. El Ayuntamiento pide una reunión a la Junta para buscar soluciones, en la línea de la proposición aprobada en el Parlamento.

Exigen que dimita la directiva de la parcelación, en la que siguen varios miembros que ya estaban cuando se produjeron los hechos. Las morosidad de la mayoría de parcelistas impide que puedan forzar su salida. La alcaldesa asegura que el Ayuntamiento está velando por la legalidad de las decisiones que se toman, pero que sólo los propietarios pueden desbloquear la situación.

El Ministerio Público pide otros cuatro años y medio de cárcel para el ex presidente de la junta de compensación Ismael Perea, y un año para el auditor Juan Carlos Navarro. Reclama el pago de indemnizaciones por los acusados que ascienden a 2.649.172 euros. El Dioni de Almensilla está en libertad desde mayo pasado, tras pagar una fianza de 40.000 euros.

La juez le impone que debe comparecer semanalmente en el juzgado de guardia y le prohíbe salir del territorio nacional, retirándole el pasaporte. Valora que lleva casi tres años en prisión, "lo que mitiga considerablemente el riesgo de fuga" y que la pena a imponer oscila entre los tres años y medio y los seis años.

La instructora cree que aunque el riesgo de fuga sigue "estando latente", tras haber tenido que dictar una orden de detención internacional, se puede atenuar con otras medidas menos gravosas para la libertad. El ex tesorero lleva en la cárcel casi la mitad de la máxima condena que podría imponérsele por el delito continuado de apropiación indebida por el que está procesado.