Hay 11.000 personas inscritas en el registro de demandandates que necesitan una vivienda pública. Otros 50 pisos vacíos se captarán este año con 2 millones de euros para sumar a los 100 existentes.

Entiende que “su horario era el mismo que el del resto de trabajadores” de la empresa municipal.

La operación municipal supone un coste de un millón de euros.

La medida será incluida en el proyecto de ordenanzas fiscales del año que viene.

Las viviendas protegidas estarán ubicadas en San Juan de la Salle, León XIII, Hacienda del Rosario y Villa Encarnita.

La intención del gobierno local es que al final de este mandato se hayan adjudicado 1.000 viviendas sociales.

La medida se enmarca dentro de la campaña municipal de ampliar el parque público de viviendas.

El número de inscritos en el Registro Municipal asciende a 11.647 personas. El 4.576 pasa a ser el primero de la lista.

La ocupante ilegal, sin informe de necesidad urgente de vivienda, rechazó ayudas y un piso de transición. El desalojo está reclamado desde marzo de 2016. La vivienda está destinada a una familia con dos menores que ha sido desahuciada.

Se priorizará el uso de viviendas vacías privadas y la construcción de VPO para alquiler.