Considera justificado el auxilio judicial para recabar una información que la defensa considera "muy importante para acotar la cuantía del supuesto fraude".

Recuerda que las posibles dilaciones de este caso afectarían a otros procesos cuya vista oral depende de la finalización del juicio de la pieza política.

La instructora advierte de que los juzgados estarían "colapsados" si se responsabiliza al ciudadano cada vez que se dicta una resolución administrativa que puede ser nula.

La juez argumenta que el ex alto cargo fue investigado en las distintas piezas por "su conocimiento del uso del sistema para desviar fondos de modo discrecional y arbitrario", lo que constituye el objeto del "procedimiento específico".

Solicita el archivo de la causa porque entiende que es "conceptualmente imposible" juzgar al beneficiario de la subvención sin enjuiciar a la autoridad o funcionario que se la concedió.

La Fiscalía "lamenta" que la juez afirmara en un auto que hay imputados que pueden ser "víctimas de la macrocausa" de los ERE y sostiene que ellos no usan "consideraciones sociales".

La juez imputa al ex viceconsejero de Empleo Agustín Barberá, a varios ex altos cargos, y al director de un máster sobre Fundaciones y ONG. Otra pieza investiga una ayuda de 871.467 euros al Ayuntamiento de San Nicolás.

La empresa y los sindicatos han llegado a un acuerdo por el que se rebaja la propuesta inicial que suponía 74 despidos y 177 empleados afectados durante 18 meses.

El magistrado no se plantea abstenerse tras haber pasado seis años en la Junta y coincidir en los gobierno de ambos ex presidentes.

El Ayuntamiento debe más de 11 millones a la Seguridad Social con apenas 3.000 vecinos.