El actual titular, Jiménez-Villarejo, regresará a su plaza en Málaga, donde fue el azote de la corrupción urbanística.

Tomás Pérez-Sauquillo y el que fuera administrador de la empresa Badennova se enfrentan a los delitos de prevaricación y malversación.

El juez Vilaplana abre juicio oral contra el ex director de trabajo y el ex asesor de Empleo por la subvención de 1,9 millones concedida a esta empresa sevillana. En la causa hay un total de ocho investigados, entre ellos dos responsables de la mediadora Vitalia y tres intrusos.

Además de los ex consejeros y del propio Ángel Ojeda, el Ministerio Público reclama que se procese a otras seis personas, entre ellas un hijo de Ojeda y trabajadores de sus empresas. El entramado de Ojeda recibió más de 33 millones de la crisis de Delphi.

La reclamación "sigue viva" en un juzgado de Segovia que tramita el concurso de acreedores de la empresa matriz de Primayor. La defensa del ex alto cargo considera que, en todo caso, las eventuales responsabilidades derivadas de estos hechos habría prescrito ya hace más de cinco años.

Considera al sindicato UGT-A responsable civil subsidiario por la totalidad de las cuantías presuntamente defraudadas: 40.750.047,74 euros y también lo hace responsable solidario de las multas de los ex cargos de la organización.

El fiscal jefe Anticorrupción aboga por una legislación que proteja a los arrepentidos.

El instructor toma esta decisión tras diversos avatares por los que ha pasado la investigación, que fue inicialmente archivada a instancias de la Fiscalía Anticorrupción y reabierta por la Audiencia de Sevilla por un recurso del Partido Popular. El PP ha rectificado su posición inicial, en la que ha pasado de pedir la imputación del tercer ex presidente Francisco Álvaro Julio a solicitar el sobreseimiento contra éste y contra Laura Gómiz.

Considera de “mala fe” la actuación del investigado de Invercaria que lo ha recusado y pide que sea multado.