La fiscal considera a Prenafeta autor de dos delitos de abusos sexuales y solicita penas individuales de dos años de prisión por cada uno de ellos y la imposición de órdenes de alejamiento de doscientos metros respecto de las víctimas durante tres años, y ha modificado su escrito para solicitar indemnizaciones de 10.000 y 8.000 euros, a lo que se ha adherido la acusación particular.

Asegura que no intervino en ninguna fase del proceso de tramitación y adjudicación del contrato para la instalación de césped en 11 campos de fútbol del IMD. El ex director de Medio Ambiente niega que conociera el pago de mordidas. Castaño y Gómez Lobo confiesan que Fitonovo pagó comisiones al PSOE.

"No me cabía en la cabeza que nadie estuviera cobrando mordidas", ha aseverado Joaquín Peña durante el interrogatorio del fiscal. Dos ex altos cargos confiesan que Fitonovo pagó comisiones al PSOE.

La Fiscalía se opone a la prescripción alegando que se trata de diferentes contratos que impiden aplicarla. Domingo Enrique Castaño reconoce que pidió 60.000 euros para "financiar" al PSOE. Tres ex concejales se sientan en el banquillo de los acusados.

El ex director de Vía Pública y el ex edil socialista pactan con la Fiscalía para reducir a nueve meses su condena. Diez de los 13 acusados, entre ellos el ex concejal del PSOE Manuel Gómez Lobo y varios funcionarios de Parques y Jardines, pactan la reducción de sus condenas tras reconocer el Ministerio Público las atenuantes de "confesión tardía" y "dilaciones indebidas". Tres ex concejales del Ayuntamiento de Sevilla se sientan en el banquillo de los acusados por las mordidas de Fitonovo. Las mordidas de Fitonovo: dinero, teléfonos, un caballo y una yegua.

El siniestro, que tuvo lugar hace 13 años, acabó con la vida de 228 personas.

Cruz Orta, quien se enfrenta a penas de un año de cárcel y de ocho años de inhabilitación especial para empleo o cargo público, a multa de cuatro meses a razón de diez euros diarios, y a suspensión de empleo o cargo público por periodo de dos años, ha defendido que tenía "delegadas" las competencias.

La Fiscalía pedía 13 años de cárcel por un delito de homicidio. Un hombre admite que mató a su mujer tras ser absuelto por un jurado popular.