Provincia

Los mercados de Huelva sufrirán la falta de cigalas y gambas grandes por el veto europeo al arrastre

Buques de arrastre amarrados en el puerto de Punta del Moral, este lunes

Buques de arrastre amarrados en el puerto de Punta del Moral, este lunes / Jordi Landero (Ayamonte)

La gamba de mayor tamaño, pero sobre todo la cigala, van a ser las especies más afectadas en la provincia de Huelva por el veto impuesto por la Comisión Europea a la pesca de arrastre, que entró en vigor este, pero cuyos efectos reales no se dejarán notar hasta el próximo 1 de noviembre, fecha en la que concluye la parada biológica en la que se encuentra en estos momentos la flota andaluza del golfo de Cádiz.

Así lo han señalado este lunes a Huelva Información los presidentes de las asociaciones de armadores de los puertos onubenses de Isla Cristina y Punta del Moral (Ayamonte), Francisco Faneca y Alonso Abreu, respectivamente, quienes precisaron que dichos puertos serán también los más perjudicados de la provincia por concentrar prácticamente la totalidad de la flora de arrastre de la misma.

En el caso de la flota de arrastre del puerto ayamontino, la nueva medida comunitaria afectará directamente a 25 de los 37 buques pesqueros con abrigo en dicha instalación portuaria, mientras que en la totalidad de la provincia, que cuenta con un total de 70 buques arrastreros, serán entre 40 y 45 los barcos más perjudicados, especialmente aquellos que se dedican casi en exclusiva a la captura de la cigala y la gamba.

Teniendo en cuenta que apenas faltan dos meses para las fiestas navideñas, el presidente de la Asociación de Armadores de Punta del Moral ha vaticinado que, si nada cambia en relación con el actual veto europeo, los consumidores "seguramente tendrán que pagar este año un precio excesivamente alto por dichos productos" en tan señaladas fechas, ya que según sus palabras "al verse reducidas las zonas de captura por el veto, habrá más escasez de ambos, y consecuentemente subirá su precio".

La situación también pone en peligro la campaña de Navidad para el propio sector, sobre todo teniendo en cuenta que, junto con el verano, son las dos etapas de mayor venta de todo el año.

Un marinero aprovecha el amarre de la flora para realizar tareas de mantenimiento en un buque Un marinero aprovecha el amarre de la flora para realizar tareas de mantenimiento en un buque

Un marinero aprovecha el amarre de la flora para realizar tareas de mantenimiento en un buque / Jordi Landero (Ayamonte)

Por su parte, el representante de los armadores isleños hizo también hincapié en que "al sector solo nos queda esperar la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), tras la denuncia interpuesta ante el mismo contra la nueva norma por el Gobierno de España".

La nueva normativa europea ha estado en vigor entre las dudas del sector pesquero por cómo tiene que aplicarse tras los vaivenes de esta última semana, según ha indicado también a esta redacción los representantes de estas dos asociaciones de armadores onubenses.

En el golfo de Cádiz, junto a los puertos onubenses de Punta del Moral (Ayamonte) e Isla Cristina, el otro más perjudicado es el de Sanlúcar de Barrameda, en la provincia de Cádiz.

En el puerto de Punta del Moral son entre 40 y 45 buques los más afectados En el puerto de Punta del Moral son entre 40 y 45 buques los más afectados

En el puerto de Punta del Moral son entre 40 y 45 buques los más afectados / Jordi Landero (Ayamonte)

El veto elimina la pesca de arrastre entre los 400 y los 800 metros -o 220 y 450 brazas en argot marinero-, e indirectamente "afecta en mayor o menor medida a toda la flota de arrastre del golfo de Cádiz (unos 130 buques), aunque los más perjudicados serán los que se dedican casi en exclusiva a la captura de la cigala y la gamba blanca, según detalla Francisco Faneca, quien también alerta de la posible "sobreexplotación" que se va a producir de ambas especies en las escasas zonas donde únicamente se pueden capturar con el veto ya en vigor.

El sector pesquero ha pedido en los últimos días una moratoria en la aplicación de la norma, para que se delimiten al detalle las áreas vetadas atendiendo a informes científicos.

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