Las modificaciones de la Ley Audiovisual que autorizan las privatizaciones, totales o parciales, de las cadenas autonómicas, recibían ayer el respaldo del Congreso para que el Senado dé su aprobación definitiva en el último paso para su puesta en marcha. La normativa incluye que las cadenas regionales podrán establecer acuerdos entre sí para rentabilizar sus recursos y llegar a acuerdos con RTVE para compartir producciones o compra de contenidos. El PP incluyó esta enmienda, similar a una anterior que había presentado el PSOE:

El portavoz socialista, Juan Luis Gordo, al igual Inmaculada Riera, de CiU, y Teresa Jordá, del Grupo Mixto, insistieron ayer que el texto invade las competencias de las comunidades autónomas, argumento coincidente con Izquierda Plural. Asimismo el texto definitivo incluye aspectos de la normativa europea que se habían omitido inicialmente.

Con esta normativa el gobierno de la Comunidad de Madrid podrá en breve poner a la venta la cadena Telemadrid, como ha anunciado en anteriores ocasiones la presidenta Esperanza Aguirre. En la corporación madrileña se han anunciado medidas de ajuste en la plantilla que irían encaminadas a la reducción de personal para una futura venta. El gobierno manchego también tiene intención de poner a la venta su cadena autonómica, cuyo acual director, Nacho Villa, asevera que ha eliminado el gasto innecesario que había en sus cuentas.

En lo que se refiere a la cadena andaluza el actual gobierno de la Junta ha reiterado que seguirá siendo "100% pública", al menos durante la presente legislatura.

La oposición en el Congreso de los Diputados reclamaba ayer que la nueva normativa "convierte el servicio público y el derecho a la información en mercancía".Desde el PP su portavoz Ramón Moreno defendía la propuesta del Gobierno como una medida liberal que permite a cada autonomía disponer del futuro de sus respectivas cadenas de televisión y mejorar su viabilidad económica.