El organismo que engloba a las cadenas privadas, Uteca, insiste en que el Gobierno puede subsanar la situación en la TDT a raíz de la sentencia del Tribunal Supremo que anula la emisión de 9 canales. El Ministerio de Industria cree que un decreto ley de rectificación sería una medida de "dudosa legalidad". Las cadenas recuerdan que el error parte de la propia administración, y no de las concesionarias, que "cumplieron todas las obligaciones". Fue la Administración "la única que incurrió en errores y carencias puramente formales al retrasarse en reconocerlo y culminar el proceso después de la aprobación de la nueva Ley General Audiovisual", viene a subrayar Uteca, quien no quiere distinguir qué partido obró el error y cuál debe solucionarlo. "La proclamada como permanente disposición al diálogo" del Ministerio "no deja de ser peculiar, más aún cuando se produce 18 meses después", critica duramente Uteca. Las privadas recuerdan que "más allá de la preocupante reducción de la pluralidad informativa y de ocio", la ejecución de la sentencia supondrá un impacto económico negativo en una industria que genera un volumen de negocio cercano a las 10.300 millones de euros y empleo directo e indirecto a más de 77.000 profesionales", argumenta el colectivo.

La asociación de productoras PATE responsabilizaba ayer al Gobierno de la situación, instándole a una "actitud proactiva". La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de los Medios (iCmedia) ha denunciado hoy la escasa información facilitada a los ciudadanos sobre este cierre de canales.