El modelo de financiación de RTVE sigue dando problemas, interpretaciones y rectificaciones. La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) ha precisado que la tasa que tienen que pagar las empresas de telecomunicaciones para financiar a la corporación pública que preside Alberto Oliart debe calcularse "sobre la totalidad de sus ingresos" (un 0,9 de su total), independientemente de que parte de esos ingresos provenga de la difusión de canales sobre los que no son responsables editoriales y que también abonan sus correspondientes tasas.

El organismo regulador se ha expresado así desestimando un recurso de la empresa ONO, que sirve decenas de canales en su servicio de plataforma de televisión, y que había recurrido ya que la CMT le instaba a pagar 1 millón de euros adicional a lo que el operador había desembolsado para pagar la tasa de RTVE correspondiente al ejercicio 2009.

ONO alegaba que la ley de financiación de RTVE señala que están obligados al pago "los operadores de televisión que sean concesionarios o prestadores del servicio de televisión tanto en forma de acceso abierto como de acceso condicional", por lo que estimaba que era condición necesaria ser operador televisivo para estar obligado al porcentaje de explotación. La empresa de telefonía por cable entiende que su plataforma sólo difunde "canales sobre los que no ostenta la responsabilidad editorial", por lo que no puede ser considerado un operador de televisión y abonar un 1,5% por los ingresos en esta actividad. La CMT vislumbra claramente que ONO sería una empresa de servicio de televisión de pago y obligada a pagar como tal, además de los ingresos como empresa de telecomunicaciones. El abono de la plataforma se une a las tasas que también pagan por separado los canales generalistas y temáticos que se sirven en el paquete de ONO y de cualquier otro operador, por lo que deberá abonar el millón de euros pendiente.

El modelo de financiación de RTVE ha sido llevado a los tribunales por la Comisión Europea, con la reclamación de las empresas de telecomunicación. Hasta que no haya un dictamen judicial definitivo, los operadores de telefonía están obligados a pagar el 0,9% de sus ingresos. ONO seguiría pagando, aún ganada esta reclamación.

En el ejercicio de 2010 RTVE presentó un déficit de 47,1 millones que será enjugado ligeramente con estas rectificaciones posteriores.