Zona norte

El exalcalde de Castril Juan Mar asegura durante el juicio no haber contratado "jamás" líneas eróticas

  • Asegura durante el juicio ante el jurado popular que no usó el teléfono municipal para estos fines

  • Está acusado de malversación por el pago de servicios de este tipo durante 2 años

El exalcalde de Castril Juan Mar durante su declaración en el juicio.

El exalcalde de Castril Juan Mar durante su declaración en el juicio. / E. P.

Ni el uso del teléfono móvil municipal para asuntos ajenos a la función pública, ni menos aún para contratar servicios eróticos: "No lo he hecho jamás", "no me paso el día abriendo mensajes" y que fue víctima de "una estafa". Esto fue lo que declaró este martes el exalcalde de Castril José Juan López Ródenas, conocido como Juan Mar, ante el jurado popular que lo enjuicia en la Audiencia Provincial, tras haberse reabierto una causa que en su día fue cerrada por el Juzgado de Instrucción Único de Huéscar: las famosas líneas eróticas que habría contratado desde un teléfono municipal durante su etapa al frente del Ayuntamiento castrileño.

Juan Mar está acusado de un delito de malversación de caudales públicos, ya que "en su condición de alcalde hizo uso de la línea que tenía asignada por razón de su cargo público, para fines ajenos a la función pública, (...) ya que durante el período comprendido entre el mes de diciembre de 2008 y el mes de enero de 2011, contrató, de forma consciente y voluntaria, servicios personales con varias compañías, (...) por importe de mil quinientos setenta nueve euros, con siete céntimos (1579,07), a cargo del Ayuntamiento", tal y como se recogía en el auto judicial de apertura de juicio, al que tuvo acceso Granada Hoy.

Si bien, Juan Mar negó durante la primera vista que hubiera usado el teléfono municipal para contratar este tipo de servicios de llamadas eróticas, los cuales calificó como una estafa relacionada con mensajes de tarificación especial -premium- que, según defendió en su declaración ante el jurado popular, no fueron contratados por él de forma voluntaria. Si bien, ante ello la acusación, ejercida por el letrado Rafael Revelles en representación del Ayuntamiento de Castril, insistió en que el exalcalde contrató hasta diez empresas distintas, de las que solo una se constató que pudiera ser un fraude.

Asimismo, la acusación mantuvo que durante dos años, López Ródenas daba personalmente el visto bueno a sus facturas y ordenó el pago de las mismas, pese a que estas contenían cargos entre 20 y 200 euros por la contratación de estas líneas eróticas, las cuales se basaban en un sistema de mensajería a través del cual se conseguía una clave. "Yo no me pasaba el día abriendo mensajes", aseguró el exregidor de Castril, que también dijo que "desconocía" l funcionamiento y cómo se pudieron activar, e insistió además en que igualmente se decidió posteriormente a devolver el dinero facturado al Ayuntamiento "para no causar ningún daño a las arcas municipales".

Si bien, en este sentido la acusación mantuvo que, según la argumentación de López Ródenas, cuyo mandato finalizó en junio de 2011, tuvo constancia de estos cargos en febrero de 2011, pero no actuó ni hizo nada hasta que se abrieron los pleitos contra él y fue citado a declarar por el Juzgado de Huéscar, siendo entonces cuando habría efectuado la devolución del dinero. Algo que, según el letrado Rafael Revelles, habría evidenciado que "no existe un arrepentimiento previo".

Ante ello, la acusación particular pide para López Ródenas nueve meses de cárcel, multa de 804 euros e inhabilitación especial para cargo o empleo público durante nueve meses, por un delito de malversación. Alternativamente, solicita que se aplique la pena del Código Penal vigente a la fecha de los hechos de multa de 3.240 euros y suspensión de empleo o cargo público por 21 meses. 

Durante la primera vista también declararon el entonces secretario municipal, el tesorero, un auditor y los guardia civiles que hicieron un informe, en el cual se constató que se habían contratado una decena de empresas y que había cargos en las facturas, de una media mensual de 65 euros, de cantidades que fluctuaban según el mes.

Este miércoles se reanuda el juicio con la segunda sesión, en la que se presentarán las conclusiones e informes para que se elabore un objeto de veredicto con el que el jurado popular se retirará a deliberar sobre lo ocurrido.

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