La Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía advirtió ayer a la Universidad de Málaga (UMA) de que el proyecto de investigación La vivienda en Andalucía. Diagnóstico, análisis y propuestas de políticas públicas para la desmercantilización de la vivienda debe estar terminado, entregado y justificado "al detalle" en junio del próximo año. El director de la Agencia de Obra Pública, Antonio Tallón, informó de que este proyecto, dirigido por el profesor de Economía Aplicada Alberto Montero y con cargo a fondos autonómicos dedicados a I+D+i, debe ser acabado en plazo o, de lo contrario, el departamento no abonará los fondos asignados al proyecto, 284.604,1 euros, o exigirá la devolución de lo abonado.

"Si los investigadores contratados por la Universidad no garantizan la terminación del proyecto en tiempo y forma, es responsabilidad de la dirección del proyecto su sustitución a tiempo por otros que sí lo hagan", insistió Tallón, quien añadió que la Junta mantiene "un seguimiento permanente" del desarrollo del proyecto. La reacción se produce un día después de que se conociese la vinculación con este estudio del recién nombrado responsable de la Secretaría Política de Podemos, Íñigo Errejón. Según el diario El Mundo, éste dirigente, viene cobrando desde hace meses 1.825 euros brutos por un contrato semanal de 40 horas relacionado con este proyecto, dirigido por uno de los economistas referente de la organización política dirigida por Pablo Iglesias.

A través de un comunicado, Tallón recalcó la necesidad de que cada euro público sea "justificado y haberse dedicado a la investigación". "Esto es así en este proyecto y en todos los demás en los que invierte la consejería", añadió. Asimismo, recordó que el proyecto sobre la vivienda en Andalucía se realiza conforme a un contrato de la agencia con la UMA suscrito en octubre de 2013. La contratación del personal investigador, así como la supervisión del cumplimiento de sus obligaciones, corresponde a la dirección del proyecto, responsable a su vez de la elaboración, culminación y justificación del mismo conforme al contrato suscrito con la Consejería.

"La contratación de los investigadores debe responder siempre y en todo caso a los fines y necesidades del proyecto", señaló. La dirección del proyecto remitió su último informe de seguimiento del proyecto en mayo de este año. Tras su recepción, la Secretaria General de Vivienda convocó una reunión con el director del proyecto que se celebró en septiembre, y en la que se dio cuenta del avance del mismo.