Andalucía y la Comunidad Valenciana abren un nuevo frente en el debate sobre el modelo de la financiación autonómica con la introducción de un término cuya mera mención daba sarpullidos hasta el momento dentro del Partido Socialista: la condonación de deuda. La propuesta no afecta a todos los prestamistas, sino únicamente al Estado, al que las comunidades deben devolver las cantidades adelantadas a través del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). Y sólo se podrían beneficiar de ella las regiones que reciben una financiación por debajo de la media nacional a través del modelo vigente desde 2009. La cantidad a condonar equivaldría al montante de esa infrafinanciación.

Andalucía ha recibido a través del FLA unos 14.800 millones de euros. La cifra cuyo perdón reclama el Gobierno regional asciende a 4.156 millones de euros, según fuentes de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas. Esta estimación corresponde a la infrafinanciación acumulada entre 2009 y 2013, ya que el modelo de financiación autonómica se liquida con dos años de retraso. Y si no se producen cambios en el sistema, la cifra global de esa infrafinanciación se incrementará muy probablemente en otros 700 u 800 millones el próximo mes de julio, cuando se proceda a la liquidación del año 2014.

La condonación tendría un impacto neutro en el déficit público de España ya que estas cantidades ya han sido contabilizadas, según el Gobierno regional. Y Andalucía reduciría su endeudamiento público -que asciende a 30.138 millones de euros, el 21,1% del PIB según los datos del Banco de España al cierre del tercer trimestre de 2015-.

En el caso de la Comunidad Valenciana, las cantidades son sensiblemente mayores según los datos facilitados por su Ejecutivo regional, que eleva el importe a condonar a 1.300 millones de euros anuales. Esto situaría en 6.500 millones la infrafinanciación acumulada entre 2009 y 2013, y en 9.100 millones si el sistema no tiene modificaciones cuando se ejecute la liquidación de 2016.

Éstas son las líneas básicas de la alianza que escenificaron ayer los presidentes de la Generalitat de Valencia, Ximo Puig, y de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, Susana Díaz. Ambos presidentes expusieron esta reivindicación tras reunirse en el Palau de la Generalitat, donde Puig recibió a la presidenta andaluza, de visita en Valencia donde asistió a la celebración del Día de Andalucía, organizado por la Federación de Entidades Culturales Andaluzas en la Comunidad Valenciana.

Susana Díaz insistió en que "no se trata de un enfrentamiento entre territorios" sino una defensa de "la igualdad entre las personas". "Para eso hay que costear los servicios públicos, porque no se puede mantener una financiación que no permita la igualdad entre los ciudadanos", subrayó. "Sabemos que hay comunidades que han estado mal financiadas, que no han recibido lo que les correspondía, y ahora lo podemos subsanar sin entrar en agravios comparativos y con elementos objetivos", agregó la presidenta andaluza, quien reclamó "voluntad política" para la "aplicación inmediata" de esta propuesta.

Puig incidió en la desigualdad territorial a la que aboca el actual sistema. "Tenemos un modelo de financiación que no es satisfactorio, hay un problema con el cumplimiento de la Constitución y de la Lofca -Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autonómicas-, porque no hay equidad entre los ciudadanos", según el presidente valenciano. "Se entra así en una vía de resolución de viejos problemas estructurales que tiene la financiación autonómica, es un primer paso para después negociar modelo que promueva la equidad entre los ciudadanos", agregó Puig.

Sobre el diseño de un nuevo modelo de financiación autonómica, el presidente valenciano anunció que "es una cuestión que tratarán en breve los consejeros de Hacienda de ambas comunidades" y agregó que la propuesta valenciana es "un documento abierto".

Por su parte, Díaz consideró que "en los últimos años se ha enfrentado mucho a los ciudadanos en torno a dos modelos: primar la población, o la dispersión y el envejecimiento". "Andalucía defiende que se tenga en cuenta la población y los servicios públicos que se han de ofrecer, y eso permite calcular un coste promedio. Seria algo tan fácil como combinar los dos discursos que hasta ahora se han mantenido, para que un ciudadano reciba la misma atención, viva donde viva", agregó.

A esta intervención, Puig añadió que "deberían existir, además, fondos solidarios para garantizar el objetivo de la cohesión, porque sigue habiendo una gran divergencia de renta entre las comunidades autónomas".