El Gobierno aceptó ayer reordenar los fondos que distribuye a las comunidades para la atención a los dependientes. Hasta ahora, el denominado "nivel acordado" de financiación de la Ley de Dependencia se repartía en función de unas variables en las que primaba la población de cada región. Andalucía, que tiene a uno de cada tres dependientes reconocidos en España, se ha quejado insistentemente de que su esfuerzo no estaba recompensado. La iniciativa, presentada por la ministra de Sanidad y Políticas Sociales, Trinidad Jiménez, durante la celebración del Consejo Territorial de la Dependencia, aumenta un 20% esta variable y la deja en un 27%, si se suma lo que ponderó en años anteriores.

El cambio significa que Andalucía recibía un 17,51% de la financiación y ahora lo hará en un 19,74%. Este nuevo criterio sirve para el reparto de los 283 millones que corresponden a este año para el nivel acordado, del total de 1.158 millones que presupuesta el Gobierno -el resto se distribuye por el número de beneficiarios de cada comunidad- y a los que se suman 400 millones extraordinarios que ya fueron repartidos con este criterio.

De esos 283 millones, 55,9 llegarán a la comunidad, unos 13 millones más que si se hubiera mantenido el anterior modelo, apuntó en declaraciones a esta redacción Micaela Navarro, consejera para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta en funciones.

Navarro aseguró que la cantidad es importante, pero más el uso de un criterio "justo", una propuesta que aprobó el Parlamento andaluz por unanimidad a finales del pasado año. Pese a la satisfacción, la intención de la Junta era más ambiciosa, que la población atendida alcanzase hasta un 50% de valor. Navarro aseguró que obtuvo el compromiso de la nueva ministra de que el porcentaje se irá incrementando progresivamente.

No obstante, la Junta de Andalucía aumentó la apuesta. Propone, y se estudiará en los grupos de trabajo de la ley, que se inviertan los criterios. Es decir, que un 80% de los fondos se distribuyan por población atendida y que el 20% actúe como mecanismo corrector. "A eso es a lo que tenemos que llegar; el presupuesto de carreteras del Ministerio de Fomento se invierte en carreteras y el de atención a la dependencia se tiene que invertir en la atención a dependientes, no sólo en función de cuantas personas mayores o con discapacidad haya en cada comunidad", ejemplificó Navarro.

Las más perjudicadas con el nuevo sistema son Madrid,Valencia y Canarias, del PP, que se mostraron "radicalmente en contra" y abogaron por continuar con el modelo vigente. Las tres presentan bajos índices de dependientes evaluados. A Castilla y León, con una gestión eficaz, tampoco le agradó el nuevo reparto, porque recibe fondos por el número de habitantes y por otros criterios como la dispersión territorial. Estas comunidades fueron las más "beligerantes" en el consejo, afirmó Navarro, que apuntó la "curiosidad" de que otra comunidad popular, La Rioja, estaba en el frente que lideró Andalucía y Cataluña.

A fecha 1 de abril, la comunidad andaluza ha recibido 270.914 solicitudes para acogerse a la ley, de los que 158.000 están atendidos.

El 44,7% de a quienes se les conoce qué prestación reciben tiene asignada una paga económica media inferior a otras comunidades. La ministra instó a recuperar el espíritu de la norma y a fomentar los servicios asistenciales.