El socialista David Valadez, alcalde de Estepona, está instalado en un mar de intranquilidad desde que en julio de 2008 se destapara el caso Astapa, cuando llegó a la Alcaldía en sustitución de Antonio Barrientos. De un momento dulce el viernes al anunciar un convenio urbanístico que hará posible que el Consistorio obtenga 300.000 metros cuadrados de terreno y 43 millones de euros para la puesta en marcha del viejo proyecto de levantar un campus universitario en la ciudad, pasó ayer a estar de nuevo en la cima del volcán.

La titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Estepona, Isabel Conejo, le ha citado a declarar, en calidad de imputado, por un presunto delito de falsedad y delito societario tras la denuncia interpuesta por el ex tesorero municipal, Félix Domínguez. Una querella que el ex tesorero presentó después de ser destituido como liquidador de las empresas municipales Estepona XXI, que continúan en proceso de liquidación y que fueron creadas durante la época de gobierno del Grupo Independiente Liberal (GIL), que gobernó entre 1995 y 1999.

Domínguez, que mantiene que su destitución se produjo sin contar con capacidad jurídica para ello, denunció además presuntos pagos de minutas a abogados con información opaca. En enero del presente año, el Ayuntamiento denegó la prórroga de su jubilación al ex tesorero tras haber cumplido los 65 años siguiendo el procedimiento habitual que se mantiene con el resto de los trabajadores del Consistorio y de sus empresas públicas cuando alcanzan esta edad.

Un portavoz socialista, en declaraciones a este periódico, restó ayer importancia a la imputación del alcalde. "Ni es la primera, ni será la última", anotó. La misma fuente anotó una relación de amistad del ex tesorero con el candidato popular a la Alcaldía de Estepona, José María García Urbano. El secretario general del PP de Málaga, Francisco Salado, dijo que "llueve sobre mojado" y señaló que dos interventoras del Ayuntamiento ya han dimitido durante el gobierno de Valadez.