Si la Junta creyó en algún momento que con la firma del acuerdo sobre el decreto de reordenación del sector público andaluz con UGT y CCOO iba a recuperar parte del idilio perdido con ambos sindicatos, pecó de un exceso de ilusión. O fue víctima de un espejismo. Las centrales sindicales no bajarán la presión; al contrario, están dispuestas a aumentarla si el Gobierno autonómico no pone "en negro sobre blanco" la rectificación del decreto. Esto es: o se plasma en la legislación el acuerdo firmado por la consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, con los sindicatos, o se hace un nuevo decreto.

El órdago lo lanzó ayer el secretario general de CCOO en Andalucía, Francisco Carbonero, ante más de 700 delegados de la central reunidos en Sevilla. La asamblea abordó una situación enquistada en el sector público andaluz que se intentó solventar con la firma de dicho acuerdo, insistió el dirigente de CCOO. De lo que se trata ahora es de "exigir" el cumplimiento de esa hoja de ruta e impedir, por lo tanto, que quede en papel mojado.

Ni CCOO ni UGT están dispuestos a consentirlo. Y para demostrarlo Carbonero anunció que "no habrá más reuniones" de ningún tipo con la Junta mientras no se acepten por parte del Gobierno las demandas sindicales. "Hacía falta de una reestructuración [del sector público], pero hemos tenido la mala suerte de lo torpe que ha sido la Junta a la hora de abordar el asunto", lamentó el líder de CCOO-A. Es más, Carbonero hizo hincapié en que la propia Martínez Aguayo reconoció el día anterior el "error supino" del decreto.

La presión sindical no se limitará a ningunear a la Junta. Irá más allá, hasta el punto de que en la agenda de las centrales ya están marcadas las jornadas de movilizaciones para "defender lo público como instrumento de igualdad". Carbonero, con todo, no tiene agotada su esperanza de que el Ejecutivo que preside José Antonio Griñán ponga en marcha el decreto rectificado -o el nuevo decreto-, que en esencia debe preservar los derechos de los empleados públicos, su potestad y estabilidad en el puesto de trabajo, y garantizar que el acceso a la función pública se seguirá haciendo por concursos de mérito-oposición.

La dirección de CCOO-A rechaza que en esta actitud haya un acercamiento a las posiciones, mucho más beligerantes frente a la Junta, del sindicato CSI-F. Este movilizó ayer a trabajadores de la Administración ante el Parlamento, mientras se celebraba el Pleno, que concluyeron su protesta arrojando huevos y petardos contra el edificio. Carbonero recordó, sin mencionarlos -pero en clara alusión al CSI-F-, que "los que ahora critican el acuerdo alcanzado no secundaron la huelga general del 29 de septiembre", donde, entre otras reivindicaciones, los dos sindicatos mayoritarios pidieron al Gobierno que se cambiara el decreto inicial "porque mermaba los derechos de los trabajadores del sector público".

El dirigente de CCOO-A volvió a insistir en la legitimidad de los sindicatos mayoritarios para llegar a un acuerdo con la Junta sobre el decreto de reordenación del sector público y criticó los "intereses corporativos" que representan otras centrales y grupos organizados. Carbonero arremetió contra la campaña de descrédito que han sufrido CCOO y UGT y especialmente contra el ataque que, a su entender, se ha hecho por parte de algunos partidos políticos que, "a través de algunos medios interesados, intentan que la sociedad constate y asuma que el deterioro de lo público justifica los recortes". Para el líder sindicalista, detrás de dicha estrategia se ven claramente los intereses del sector privado.