El Gobierno ha aprobado un real decreto-ley de protección a los titulares de productos de inversión complejos -como las participaciones preferentes- en el que se crea la comisión de seguimiento que hará los criterios para designar a los beneficiarios que podrán acceder a los arbitrajes de las entidades financieras nacionalizadas. Adicionalmente, la nueva normativa estipula que el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) bancarios hará una derrama entre los bancos de cerca de 2.000 millones para comprar las acciones procedentes de la conversión de preferentes en acciones de las entidades que han recibido ayudas públicas.

El objetivo de esta medida es obtener liquidez para pagar a los preferentistas, ya que bancos nacionalizados como NCG y CatalunyaBanc no cotizan y quien reciba sus acciones no tiene posibilidad de convertirlas en dinero. La conversión se realizará después de efectuar una quita en el valor de las preferentes en cumplimiento de la normativa comunitaria de ayudas de Estado, según ha recordado el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Según ha estipulado el FROB, entidad estatal mediante la que se ha rescatado a los bancos, la quita media para los tenedores de preferentes de Bankia será del 38%, para los de CatalunyaBanc ascenderá al 61%, mientras que para NCG será del 43% y para Banco Gallego, filial de esta última, del 50%. En las entidades no cotizadas (NCG y CatalunyaBanc), el precio de recompra de las acciones resultantes de estos canjes se determinará mediante un informe de un experto independiente que calculará el valor de mercado de estos títulos. El informe será encargado por la comisión gestora del FGD y su coste se descontará de los fondos obtenidos.

De Guindos ha explicado que la gestora del FGD hará una derrama entre los bancos del 3 por 1.000 de los depósitos, lo que dará un montante de entre 1.500 y 2.000, aunque ha avanzado que estará más cerca de esta última cifra. Antes del 31 de diciembre de este año los bancos abonarán el 40% de la derrama, aunque habrá excepciones: las entidades intervenidas por el FROB estarán exentas y las que tengan un balance por debajo de 5.000 millones de euros se deducirán hasta un máximo del 50%. Por último, habrá deducciones de hasta un 30% de las aportaciones realizadas o que se realicen hasta el 31 de diciembre de 2013 al banco malo (Sareb). El segundo tramo se satisfará a satisfacer a partir de 1 de enero de 2014 de acuerdo al calendario de pago que fije la Comisión Gestora dentro de un plazo máximo de 7 años.

En cuanto a la comisión de seguimiento, el ministro explicó que será el órgano encargado de supervisar los arbitrajes ya realizados en NCG y CatalunyaBanc y establecer "los criterios básicos que tienen que utilizarse" en las entidades participadas por el FROB. Estas dos entidades ya han realizado arbitrajes y en el caso de Bankia está previsto que comience este próximo 1 de abril.

Asimismo, también tendrá que adoptar criterios para defender a los clientes más vulnerables desde el punto de vista financiero, que gozarán de un procedimiento express de arbitraje. Entre sus funciones también estará la de realizar análisis, elaborar informes trimestrales al Congreso y elevar propuestas para mejorar la defensa de los ahorradores. Estará compuesta por la presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el subgobernador del Banco de España, el secretario general de Sanidad y Consumo, el secretario general del Tesoro, el Consejo de Consumidores y Usuarios y representantes de las consejerías autonómicas que han participado en los arbitrajes.

La comisión de seguimiento es un órgano previsto en el acuerdo que alcanzaron PP y PSOE el pasado 29 de enero para dar una salida a los afectados por preferentes y ha sido uno de los puntos de enfrentamiento entre los dos partidos por sus funciones. El PSOE ha defendido que fuera la comisión o la CNMV quien realizara el perfil y la selección de los beneficiarios del arbitraje, algo que también comparte el Defensor del Pueblo.

Luis de Guindos destacó que con este decreto el Gobierno esta pidiendo a los bancos "una cantidad adicional de dinero" para aumentar los recursos del FGD y así conseguir liquidez para pagar a los afectados por una comercialización irregular de preferentes y otros productos financieros complejos. Asimismo, ha recordado que el asunto de las preferentes es "un problema heredado" y que el Gobierno ha puesto en marcha iniciativas legales para evitar que en el futuro se repita y ha favorecido procesos de arbitraje para NCG y CatalunyaCaixa. Según los datos facilitados por el ministro, en el caso de la entidad gallega se han beneficiado del arbitraje 14.100 personas de las 56.000 que lo solicitaron, mientras que en la antigua caja catalana, de 30.000 solicitudes se han admitido 10.000.