El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha autorizado la venta del Grupo Vitaldent en España e Italia a la empresa JB Capital Markets SV SAU por un total de 18,5 millones de euros. En un auto dictado el magistrado encargado del caso admite la solicitud de la empresa compradora para hacerse con el negocio, medida con la que se han mostrado favorables la práctica unanimidad de los afectados, así como el Ministerio Fiscal y la Abogacía del Estado. Así se autoriza la venta a la empresa JB Capital Markets SV SAU, de la que es dueño Javier Botín, hijo del empresario Emilio Botín, por un total de 18,5 millones de euros, de los que 15,5 lo son por el negocio en nuestro país y 3 por el del país transalpino.

El auto sostiene que debe primar el principio de conservación del negocio frente a propuestas como la del concurso, pues "la viabilidad del negocio garantiza los puestos de trabajo". Subraya que esta solución no tiene coste para las arcas públicas "gracias a la propuesta de inversión privada, al préstamo que desaparece con la venta, a la condonación y quita que de otra forma no se daría, y a la resolución urgente de esta controversia, que resta esfuerzos a la investigación penal de posibles graves delitos contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales en el seno de una organización criminal".

Antes de la venta el magistrado atiende a lo solicitado por la Fiscalía y Abogacía del Estado para que la administración judicial lleve a cabo, entre otras actuaciones, "la comprobación y exacta determinación del importe de la deuda pendiente", con un "listado exhaustivo de las sociedades afectadas por el plan de saneamiento". Ordena asimismo que se proceda al abono de las deudas tributarias antes de firmar el contrato de compraventa, que se ingresen en la cuenta del juzgado las cantidades retenidas en las nóminas de los investigados, y que la actual administración judicial se convierta en intervención judicial.

En el escrito presentado por la empresa JB Capital Markets SV para la adquisición del Grupo Vitaldent en España e Italia se hace referencia a la compra de la totalidad de sus activos, excepto las sociedades inactivas. También asume los pasivos, a excepción de aquellos relacionados con eventuales responsabilidades penales o civiles derivadas de delito, así como la subrogación de la totalidad de los trabajadores en ambos países, en las relaciones contractuales que consientan la cesión de sus contratos.

La representación procesal de Ernesto Colman presentó un escrito por el que se mostraba conforme con la propuesta formulada. Esta decisión la toma el juez Eloy Velasco tres meses después de que, el pasado mes de julio, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional obligase al magistrado a quedarse con la instrucción, ya que se trata de una causa muy compleja que afecta a muchas regiones españolas.

El caso lo investigaba un juzgado de Majadahonda (Madrid), que se inhibió a favor de la Audiencia Nacional al entender que es este tribunal el que debe instruirlo, aunque el juez Eloy Velasco rechazó inicialmente esa competencia. Según las investigaciones, el fraude de estas clínicas consistió en que un grupo de personas, entre ellas el propietario de Vitaldent, diseñaron "un complejo sistema defraudatorio hacia los franquiciadores, clientes y pacientes y la propia Hacienda", de manera que su cúpula recibía cada año 17,2 millones de euros en B solamente de las 146 clínicas propias que tenía la cadena.