El ministro de Fomento, José Blanco, cifró ayer en 1.400 millones de euros el importe "que va a costar a todos los españoles" el problema que afronta un grupo de sociedades concesionarias de autopistas, entre ellas las radiales de Madrid, por el sobrecoste que supusieron las expropiaciones de terrenos. Blanco denunció que se trata de una "herencia recibida" por los socialistas por la "mala planificación y el derroche de gasto" del anterior Gobierno de José María Aznar.

"Esta mala planificación y derroche de gasto van a costar 1.400 millones a todos los españoles", según el ministro. "Y suponen un auténtico quebradero de cabeza para las empresas españolas que habrá que resolver en los Presupuestos Generales del Estado para 2011", añadió. En respuesta al diputado popular Andrés Ayala durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso, Blanco explicó que la Ley del Suelo de 1998, impulsada por el PP multiplicó "por cuatro" el coste de las expropiaciones necesarias para construir dichas autopistas, previsto inicialmente en 300 millones de euros.

Después de destinar 250 millones de euros en préstamos participativos en 2010 para afrontar este problema, los Presupuestos de 2011 incluyeron otros 135 millones. No obstante, una enmienda socialista ha incrementado esta cantidad hasta los 250 millones y el PSOE mantiene una negociación abierta con PP y CiU para elevar todavía más esta dotación.

En cualquier caso, la patronal de concesionarias de autopistas Aseta estima en unos 800 millones de euros la inyección de capital que necesita este grupo de sociedades para evitar el riesgo de quiebra, según informaron a Europa Press en fuentes del sector.

Por otro lado, las administraciones públicas sacaron a concurso entre enero y septiembre de 2010 obras por valor de 20.114 millones de euros, lo que supone un descenso interanual del 32,5% en la licitación, según los datos publicados ayer por la patronal de las grandes empresas de la construcción (Seopan).

La mayor reducción corresponde a la Administración central, ya que licitó 4.056,7 millones de euros, el 45,1% menos que en el mismo periodo de 2009, a causa del ajuste presupuestario y los recortes en inversión en infraestructuras anunciados por el Gobierno.

Por su parte, los ayuntamientos redujeron las obras licitadas el 28,8%, hasta 9.108,4 millones de euros. En las comunidades autónomas, las obras licitadas cayeron el 27,8%, hasta 6.948,8 millones en el mismo periodo de 2010. En Andalucía, la caída fue del 52,3% en obras licitadas por la comunidad autónoma.