El ex consejero de Presidencia e Interior de la Comunidad de Madrid Francisco Granados y los alcaldes de las localidades madrileñas de Valdemoro, Collado Villalba, Parla, Torrejón de Velasco, Casarrubuelos y Serranillos del Valle han sido detenidos en el marco de la operación Púnica contra la corrupción.

En el desarrollo de esta investigación la Guardia Civil ha detenido a medio centenar de personas en Madrid, Valencia, Murcia y León -en esta provincia también el presidente de la Diputación, Marcos Martínez, sucesor de Isabel Carrasco, que fue asesinada el pasado mes de mayo-, acusados de cobrar comisiones ilegales por la adjudicación de obras y servicios y de lograrse adjudicaciones por valor de 250 millones de euros en tan sólo dos años.

Uno de los detenidos es Francisco Granados, quien fue número dos de Esperanza Aguirre al ocupar los cargos de consejero de Presidencia, Justicia e Interior, y quien fue también alcalde de Valdemoro.

Entres los alcaldes detenidos están el de Valdemoro, José Carlos Boza Lechuga (PP); Parla, José María Fraile (PSOE); Casarrubelos, David Rodríguez (PP); Serranillos del Valle, Antonio Sánchez Fernández (Unión Demócrata Madrileña-UPMA); Torrejón de Velasco, Gonzalo Cubas Navarro (PP), y el de Collado Villalba, Agustín Juárez (PP). Además, entre los empresarios arrestados figura David Marjaliza. La operación la dirigen la Fiscalía Anticorrupción y el juzgado de instrucción número seis de la Audiencia Nacional, en manos del magistrado Eloy Velasco.

Según ha informado la Fiscalía Anticorrupción en un comunicado, solo en los dos últimos años esta trama se habría adjudicado contrataciones por valor de 250 millones de euros.

El ex número de dos de la Comunidad de Madrid con Esperanza Aguirre es uno de los principales acusados de esta trama que, "infiltrada en varios ayuntamientos y autonomías" de las provincias citadas, lograban contratos públicos en "connivencia" de ediles municipales y funcionarios, empresarios de la construcción y de empresas de servicios energéticos. Según la Fiscalía, la trama se habría asegurado "el éxito de adjudicaciones públicas a 250 millones de euros, tan solo en los dos últimos años, y como contrapartida el cobro de comisiones ilegales, a costa de las Haciendas Municipales y Autonómicas".

Además de los 51 detenidos, en la operación Púnica se han llevado a cabo 259 mandamientos a registros de la propiedad con peticiones de anotaciones preventivas de prohibiciones de disponer, vender, gravar o enajenar de las personas físicas y sociales investigadas en aras de iniciar las acciones de recuperación de activos. También 400 mandamientos dirigidos a entidades bancarias y compañías aseguradoras acordando los bloqueos de cuentas corrientes, valores, y cualquier otro producto con la prohibición expresa de realizar cualquier movimiento de fondos, así como 30 embargos preventivos de vehículos de alta gama de los principales investigados. Dentro de la operación, la Guardia Civil ha ordenado el desalojo del Ayuntamiento de Valdemoro y registran también la sede del Ayuntamiento de la localidad madrileña de Parla, de Collado Villalba y de Móstoles.

La operación, que ha sido declarada secreta por el magistrado Eloy Velasco, continuará en los próximos días, según la Fiscalía Anticorrupción.

Fue en enero cuando se inició la operación después de recibir la Audiencia Nacional una comisión rogatoria de las autoridades suizas por sospechas graves de blanqueo. Este ha sido el origen de las pesquisas de la Fiscalía en coordinación con Agencia Tributaria e Intervención General del Estado (IAG) y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. La información aportada por todos permitió presentar una "detallada querella" ante Velasco, quien incoó diligencias en junio por delitos de blanqueo de capitales, falsificación de documentos, delitos fiscales, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales, prevaricación, revelación de secretos, negociaciones prohibidas a funcionarios, fraudes contra la Administración y organización criminal. A partir de esa fecha, según la Fiscalía, el juzgado ha dirigido "un eficiente trabajo de investigación", junto con las instituciones ya mencionadas, para culminar hoy con las detenciones de los 51 acusados y la adopción de las medidas cautelares para asegurar la recuperación de los productos y ganancias del delito.

Granados vuelve a la actualidad

Francisco Granados abandonó la política después de 15 años el pasado mes de febrero, precisamente salpicado por una cuenta bancaria en Suiza que ahora ha llevado a su detención. Granados lleva alejado de la política tras abandonar en febrero tanto sus escaños en la Asamblea de Madrid como en el Senado como sus cargos en el PP de Madrid, cansado, según dijo, de que su partido lo apartara cada vez más. Fue el 19 de febrero pasado cuando Francisco Granados reconoció que tuvo una cuenta a su nombre en Suiza entre los años 1996 y 2000 y anunció que al día siguiente renunciaría a sus actas de senador y diputado autonómico y abandonaría definitivamente la política después de 15 años para trabajar en la empresa privada, de donde salió en el año 2000. Aseguró que se marchaba cansado, descontento con la situación en la que estaba en el PP "desde hace tiempo" y "apenado" por la polémica en la que se había visto envuelto.

La presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, no ha ocultado su sorpresa tras enterarse por la prensa de la detención de Francisco Granados, de quien ha destacado que "ya había perdido" su confianza. Aguirre ha reaccionado con un sonoro "¿cómo?" cuando sus colaboradores le han informado de la detención de Granados, han informado fuentes populares a Europa Press.

De carácter espontáneo y dicharachero, Granados se ha caracterizado siempre por su trato amable y dialogante con la prensa, que le causó no pocos disgustos con Aguirre, tanto en su etapa en la Comunidad de Madrid como en el partido. Granados estuvo al lado de la presidenta primero como consejero de Transportes y después de Presidencia, cargo en el que hacía las veces de portavoz hasta que se vio envuelto en el escándalo de los supuestos espionajes a políticos de su mismo partido, un caso que sigue abierto en un juzgado de Madrid.

Para entonces, la relación de Aguirre y su consejero ya estaba muy "tocada"; la presidenta incluso dejaba entrever en público su distanciamiento con el que había sido durante años uno de los "primeros espadas" del Gobierno regional. El 16 de junio de 2011, cuando Granados ya llevaba ocho años al lado de Aguirre en la Comunidad de Madrid, la presidenta lo destituyó de su cargo en el Gobierno regional, algo muy habitual en ella cuando alguien traiciona su confianza. Aguirre, sin embargo, mantuvo a Granados al frente de la secretaría general del PP de Madrid, oportunidad que el también ex alcalde de la localidad madrileña de Valdemoro aprovechó para seguir en la primera línea de la política regional ideando los denominados Desayunos populares de Madrid, un encuentro al que los periodistas asistían sabiendo que el anfitrión haría declaraciones sobre cualquier asunto, en su línea, sin pelos en la lengua y dando titulares explosivos.

Aquello duró poco más de cinco meses, porque el 23 de noviembre de 2011 Aguirre destituía a Granados como secretario general del PP de Madrid alegando que el partido necesitaba "un nuevo impulso", para justificar que había perdido la confianza en él. Y por si no fuera suficiente, los cargos que había tenido en la Comunidad y en el PP de Madrid de número dos de la presidenta fueron asumidos por Ignacio González, en quien Aguirre depositó la confianza que había retirado completamente a Granados. Un golpe bajo más, teniendo en cuenta que en la política madrileña era de sobra conocido que la relación entre Granados y González no se podría calificar precisamente de "amistosa". Desde entonces, Granados estuvo casi apartado de la política regional. Así ha continuado todo hasta que el 19 de febrero pasado se desveló que tuvo una cuenta bancaria en Suiza, asunto sobre el que Esperanza Aguirre le exigió explicaciones, que, como ella misma ha dicho ahora, no son suficientes. Y en este sentido llegó a decir que para ella es "un drama" pensar que una persona de su confianza "se ha dedicado a robar, presuntamente".