La última propuesta socialista de reforma de la Ley Andaluza de Universidades (LAU), que data de 2003, pone en peligro el desarrollo de la mayoría de los centros privados que imparten estudios superiores en la comunidad. El nuevo borrador niega abiertamente la validez en Andalucía de los títulos emitidos por muchas universidades europeas sobre las que se sustentan las enseñanzas de los siete centros universitarios privados que hay en la región, entre ellos la Escuela Superior de Comunicación y Empresa (ESCO) y la Escuela Internacional de Gerencia (EIG) de Granada, y los obliga a a adscribirse a una universidad andaluza o a las europeas que estén reconocidas como oficiales por la Junta.

Al contrario de lo que esperaban estos centros, la implantación del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) no les ha abierto el campo para que se homologuen automáticamente los títulos que les acreditan universidades inglesas o americanas, pues no contaban con que la Junta de Andalucía iba a ser tan restrictiva en su adaptación a la nueva legislación e iba a imponer un filtro acorde al distrito único.

En varios de los artículos (1, 4, 12 y 16) de la nueva LAU se aborda la oficialidad de los títulos, se regula un régimen restrictivo sobre la autorización de los centros que imparten estudios con arreglo a sistemas educativos que no sean el español (los denomina "extranjeros") e introduce un régimen sancionador para impedir la actividad de estos centros si no cumplen los nuevos requisitos.

"Con esta ley se hace inviable en Andalucía el Espacio Europeo de Educación Superior, pues no reconoce los títulos de universidades europeas y establece un monopolio público sobre la educación universitaria", argumenta Miguel Ángel Rodríguez Pinto, director de la ESCO, que estudia poner un recurso contra la LAU.

"Las universidades en Andalucía funcionan como un distrito único, así que para justificar la acreditación de un centro universitario privado éste debe aportar un valor añadido a las enseñanzas que ya se imparten en la comunidad", explican fuentes de Innovación. Las universidades españolas están sometidas hoy en día a una revisión de sus enseñanzas, pues no es rentable que en cada provincia se oferten los mismos títulos y se les demanda una especialización para ser más competitivos, un "valor añadido" que también se exige a la privada.

Los centros afectados por la nueva ley son la ESCO en Granada, Ceade en Sevilla y EADE en Málaga, que imparten títulos certificados por la Universidad de Gales; la Escuela Internacional de Gerencia en Granada, avalada por la Universidad de Derby en Inglaterra; Málaga Business College, cuyos títulos certifica la Universidad de Londres; Esden en Sevilla, que trabaja con la Universidad de Cambridge; y Les Roches en Málaga, acreditados por New England Association of Schools & College, de Estados Unidos.

En el borrador sólo se reconoce a la Universidad Loyola de Andalucía (vinculada a la Iglesia) como la primera institución superior de carácter privado en la región, cuya previsión es que en 2013 esté funcionando con dos campus, uno con sede en Córdoba y otro en Sevilla, para albergar a unos 6.000 alumnos.

La nueva LAU establece restricciones para la autorización de los centros universitarios, pero "no señala los requisitos para la misma", según apunta el director de la ESCO. Sin embargo, el camino parece ser favorable para los centros que en sus inicios, hace más de 20 años, sí obtuvieron autorización de la Junta, pero se presenta muy negro para los que, como la ESCO, no cuentan con ningún reconocimiento.

Desde que se creó hace once años, la ESCO ha vivido en un limbo jurídico que ahora le puede imposibilitar desarrollar sus enseñanzas. "Nosotros solicitamos a la Junta la autorización nada más abrir el centro, pero después de once años ni nos la han aprobado ni nos la han denegado", dice Rodríguez Pinto al referirse al Decreto 557.

La Junta de Andalucía alega que hasta que no se apruebe el cambio normativo no cuenta con la potestad para sancionar a los centros superiores no autorizados. En el artículo 16 de la nueva LAU se deja claro que "los títulos universitarios no oficiales no podrán publicitarse de forma que puedan inducir a confusión con los títulos oficiales", lo que impediría a las escuelas no acreditadas promocionarse para captar alumnos el próximo curso.

ESCO cifra en pérdidas millonarias la aprobación de la nueva LAU, pues en los siete centros universitarios privados estudian más de 3.500 alumnos y trabajan unas 2.000 personas. Aunque lo cierto es que el alumnado egresado de estos centros ya tiene grandes problemas para convalidar sus títulos, ya que el Ministerio de Educación no los considera oficiales.

Rodríguez Pinto no entiende por qué no se reconoce el título de la Universidad de Swansea (Gales), cuando "las universidades andaluzas, entre ellas la UGR, acepta alumnado de todas las universidades extranjeras y cuando a alumnos de la ESCO les han convalidado asignaturas al intentar cursar una segunda carrera en la UGR".