La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha) ha lamentado que "16.292 personas presas de los trece centros penitenciarios ordinarios y seis centros de inserción social andaluces están, desde esta semana, abandonadas por la Administración autonómica, después de que la Junta los haya dejado sin abogados de oficio" con la suspensión de los servicios de orientación y asistencia jurídica a las personas privadas de libertad.

La suspensión de los Servicios de Orientación y Asistencia Jurídica a las Personas privadas de libertad se ha debido a la falta de firma, por parte del Ministerio del Interior, de la renovación del convenio de colaboración con la Junta de Andalucía, que es la que financia el servicio. El 17 de abril algunos colegios de abogados "obedeciendo" las citadas instrucciones suspendieron el servicio, en concreto, Almería, Cádiz, Granada, Huelva y Jaén.