Los últimos días en el Ayuntamiento de Armilla, donde el PSOE, IU y un concejal de IDEA habían presentado una moción de censura para desalojar de la Alcaldía al popular Antonio Ayllón, se están viviendo con una tensión extrema. La secretaria municipal, funcionaria que ha de velar por el cumplimiento de la legalidad en una institución local, tuvo que pedir "auxilio urgente" a la Junta Electoral Central porque aseguraba que estaba siendo objeto de "presiones".

Según consta en el informe remitido a este organismo, la alta funcionaria de Armilla tiene dificultades para desarrollar el "normal y libre ejercicio de su cargo" debido a esas presiones, que según se desprende de su escrito, provienen de los políticos interesados en la moción de censura.

Mientras el Juzgado de lo Contencioso 4 de Granada decidía si suspender de forma cautelar el pleno de la moción de censura que se hubiera celebrado ayer, la secretaria libraba su propia batalla interna. El 21 de noviembre, dos días antes del supuesto pleno, la funcionaria emitió un informe en el que advertía que la continuación de la moción de censura iría "en contra del ordenamiento jurídico", pues se "estarían vulnerando los más básicos principios constitucionales de garantías de representación democrática".

En definitiva, la secretaria municipal viene a constatar que el concejal José Luis Castillo, que apoya la moción contra Ayllón, es un "tránsfuga" de la formación política con la que concurrió a las elecciones, IDEA.

Ante esta situación, la secretaria recuerda que la Ley establece una serie de medidas contra el transfuguismo y que en este caso obligarían a que la moción de censura se presentara con el apoyo de 12 concejales, en lugar de 11, que es la mayoría obsoluta y la representación que suman los firmantes de la moción.

El otro concejal de IDEA, Juan Manuel Torres, no solo mantiene su apoyo a Antonio Ayllón, sino que es el que ha promovido la expulsión de José Luis Castillo de este partido político. Torres ha sido proclamado por la Asamblea de su formación nuevo secretario general en sustitución de Castillo.

Todo ello se puso en conocimiento de la secretaria municipal, quien pidió ayuda a la Junta Electoral Central para resolver el entuerto. Pese a que este órgano no se ha pronunciado sobre el fondo de la cuestión, la propia funcionaria emitió un informe en el que da por hecha la expulsión definitiva de Castillo y habla de un "caso patente de transfuguismo".

Este informe fue remitido el pasado miércoles al juez, que tenía que decidir sobre la suspensión del pleno -a petición del alcalde Antonio Ayllón-. Después de dar audiencia a todas las partes, el representante legal finalmente ordenó dejar en suspenso la moción de censura hasta que se aclare si hay transfuguismo en este caso, lo que tendrá que ser dirimido en un procedimiento contencioso. El PSOE anunció un recurso.