La Junta de Personal Docente No Universitario de la enseñanza pública de Granada aprobó en su último pleno pedir la dimisión del ministro de Educación, Juan Ignacio Wert y la retirada del anteproyecto de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE).

En cuanto a la dimisión del ministro, dicen que es el "promotor y responsable de una nueva ley de Educación cuyo fin inmediato es el deterioro y desmantelamiento de la educación púbica, la segregación del alumnado y la suplantación del modelo público por el privado". Además, lo acusan de "aplicar recorte tras recorte en educación" tanto en sueldo de los trabajadores como en becas para alumnos y lo dedicado a la Investigación, Ciencia y Desarrollo. También dicen de Wert que ha reducido un 21% la Educación en los Presupuestos Generales del Estado para el próximo año.

Pero no todas las críticas son por las medidas sino también por su actitud. Según la junta de personal docente, "carece de una mínima capacidad para sentarse a dialogar con las partes afectadas (ni asociaciones de padres, ni sindicatos, ni rectores) e impone de forma autoritaria en los distintos ámbitos sus propuestas sin ninguna voluntad de escuchar".

Pero es más, el colectivo advierte de que las medidas que se anuncian por parte del Ministerio lo que persiguen "es que solo los hijos de las clases adineradas puedan continuar sus estudios más allá de los obligatorios". La última propuesta de Wert, según denuncian, es sustituir las becas a estudiantes por préstamos que tendrían que pagar una vez finalicen los estudios, "endeudándose con los bancos de por vida".

Respecto a la ley, dicen que no resolverá los problemas que presenta el sistema educativo ni mejorará la calidad.

Según sindicatos, profesores, padres y alumnos, la reforma educativa del Gobierno es "excluyente y segregadora" al plantear itinerarios más tempranos en la ESO, evaluaciones y reválidas externas para el alumnado y permitiendo los conciertos a los centros que separen por sexo a sus alumnos. Además, denuncian que "otorga a la dirección de los centros el poder para seleccionar al profesorado del mismo" (artículo 122) e impone el "traslado forzoso del profesorado cuando la organización educativa así lo requiera. También se contempla que la Administración asigne al personal funcionario el desempeño de funciones en una etapa o enseñanza distinta a la asignada a su cuerpo con carácter general.

La norma establecerá también rankings entre los centros educativos y obliga a la especialización de los IES según las modalidades de Bachillerato que desarrollen.