Las manifestaciones vertidas por un empresario en las que revelaba supuestos pagos ilegales al PP de Atarfe han dado finalmente lugar a una investigación del Ministerio Público. El fiscal superior de Andalucía, Jesús García Calderón, emitió ayer por la mañana un decreto mediante el que acordó abrir unas diligencias de investigación penal para aclarar lo ocurrido.

Así lo confirmaron ayer a este diario fuentes del Ministerio Público, que precisaron que aún no se ha realizado ninguna valoración de los hechos y que habrá que esperar a que la Policía Judicial de la Guardia Civil emita un informe que se le ha encargado sobre todo lo acontecido.

La decisión de García Calderón de actuar de oficio para aclarar las denuncias de presunta corrupción en el PP se produce después de que la Unidad de Policía Judicial adscrita a su departamento emitiera el pasado jueves un breve informe sobre las declaraciones que el referido empresario, Gonzalo Aivar, realizó en Radio Granada (Cadena Ser).

Dicho empresario, al que luego se sumó otro en el mismo sentido, en declaraciones a la referida emisora, aseguró haber financiado actos electorales del PP de Atarfe a cambio de "futuros favores" si finalmente la formación accedía al gobierno municipal, lo que finalmente no ocurrió.

La apertura de las diligencias de investigación penal se produce después de que la Unidad Adscrita de Policía Judicial a la Fiscalía andaluza ya recabara en Radio Granada las declaraciones de los empresarios que emitió esta emisora e intentara identificarlos.

El presidente del PP de Granada, Sebastián Pérez, se pronunció el jueves por primera vez sobre el caso y atribuyó a rencillas personales las denuncias de los dos empresarios, al tiempo que hizo hincapie en que la denuncia está relacionada con el PP de esa localidad y no del provincial, regional o nacional. Asimismo negó que esto tenga nada que ver con una posible extensión de la trama que se investiga por financiación ilegal del partido a nivel nacional. Al contrario, insistió en limitarlo al ámbito reducido del municipio y a los problemas internos del PP en esta localidad.

Pérez lamentó que el PSOE le haya pedido responsabilidades directas, porque el asunto está relacionado con Atarfe y no con la financiación del partido en la provincia y asegura que las cuentas del PP son públicas y están sometidas a su tribunal de cuentas.

Estos recelos vienen de atrás. Hace varios meses el PP tuvo una primera crisis importante en este municipio cuando amenazaron con dimitir en bloque el presidente actual y otros cuatro concejales de los siete que tiene el partido en ese Ayuntamiento. Estaban incluso dispuestos a salir del PP porque no entendían el posicionamiento ambiguo y la tardanza en abrir expediente a la concejal popular María del Carmen Contreras, con la que el resto del grupo había tenido discrepancias importantes. Esta edil es la esposa del empresario Gonzalo Aivar, que ahora denuncia la supuesta financiación irregular del partido. Finalmente el PP parecía haber resuelto este conflicto interno al abrir expediente a la concejal y el partido atribuye ahora a una represalia las denuncias de su esposo.

Por su parte, el vicesecretario provincial del PSOE de Granada, José Entrena reclamó al PP que haga públicas las facturas de los gastos electorales del partido en Atarfe, y en especial las correspondientes al mitin celebrado el 6 de mayo de 2011 en el que participó la hoy vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáez de Santamaría. Entrena pidió en una nota a Sebastián Pérez que aclare si los gastos de este acto, incluido el montaje de la carpa y el escenario (elementos que han generado la denuncia de supuesta financiación ilegal), están reflejados en la contabilidad de la campaña electoral como exige la legislación porque, en su opinión, es la única manera que hay de desmentirlo.

El caso saltó también al ámbito nacional y el propio secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, dijo que este tipo de casos en el PP le "sonaba".