La coyuntura social en lo que a búsqueda y pérdida de empleo se refiere se presenta más que compleja en la actualidad. El ámbito de la Administración pública no escapa a una realidad que trae consigo cifras muy negativas respecto a la destrucción de empleo. Los funcionarios y personal contratado por el Estado, la Junta, los ayuntamientos y la Universidad ha perdido en Granada 2.856 efectivos en tan sólo un año, lo que supone una caída del 4,6%. Pese a todo, la provincia es la región que menor descenso ha experimentado en Andalucía.

Los datos corresponden al periodo comprendido entre enero de 2012 y el mismo mes del presente año, publicados en el Boletín estadístico del personal al servicio de las administraciones públicas. Con un 4,65% menos, del estudio se deriva que la provincia pierde en solo doce meses 2.856 empleos públicos. Así, Granada se queda con un total de 58.608 efectivos, y se consolida como la cuarta región de Andalucía por número de trabajadores al servicio de las instituciones.

Respecto al reparto entre las distintas administraciones, el personal de la Junta es el que sale peor parado. Del cómputo total de empleados públicos de la provincia, en torno a la mitad pertenecen a la institución autonómica. Y es precisamente este área la que experimenta un mayor nivel de destrucción, con un descenso de más de seis puntos y 1.902 trabajadores menos. Le siguen los ayuntamientos, con un decrecimiento del 4,9% y 691 personas menos; las universidades, con una bajada de 2,7 puntos y 166 empleados. En el lado opuesto, la Administración estatal pierde únicamente 97 de los 10.020 empleados que tiene adscritos en Granada.

Las estadísticas del análisis ponen de relieve que, pese a la tendencia a la baja, Granada es la provincia que menor porcentaje de caída experimenta estos doce meses en comparación con el resto de Andalucía.

Tomando como referencia el inicio de la crisis, allá por 2008, el descenso es menos acusado que la comparativa con el 2012. En este sentido, la diferencia entre el enero de hace cinco años, y el mismo mes del presente 2013 es de escasamente un punto entre unos valores y otros.

En cuanto a las diferencias por sexos, son las mujeres las que pierden un mayor porcentaje de presencia en las administraciones de la provincia, con una bajada del 5,21%, más de un punto sobre la caída de los varones.

Aunque proporcionalmente es la provincia andaluza que menos empleo público destruye, en números absolutos ocupa la cuarta posición por descenso de trabajadores en nómina. Por su parte, el Estado recortó medio millar de empleos, lo que supone 2,23 puntos menos en el mismo periodo. Los factores que han provocado las negativas estadísticas obedecen precisamente a la precaria situación económica de las Administraciones públicas, así como a los límites impuestos por el Gobierno central a la hora de reponer al personal que se jubila, entre otras circunstancias.

De esta forma, son altamente numerosos los despedidos por aplicación de los convenios de reestructuración, como consecuencia del Plan de pago a proveedores en los ayuntamientos, que contabilizan numerosos Expedientes de Regulación de Empleo. Los números se disparan si se consideran también los contratos temporales que tampoco se han renovado.

Además, desde diciembre de 2011, no se pueden crear nuevas plazas en ninguna administración, así como tampoco reponer bajas y ni jubilaciones, salvo en servicios considerados básicos, tales como las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado o sanidad, entre otros -solo en un 10% de los puestos que se quedan libres-.

En este contexto, la provincia reproduce la misma tendencia que se da a nivel nacional, donde todas las administraciones han visto mermado su personal. Sin embargo, las cifras no son uniformes, sino que en función de la institución la caída es más o menos acuciada que a escala nacional. De esta forma, Granada supera en más de un punto la media estatal correspondiente al cómputo total, y en tres la pérdida de personal dependiente de las Comunidades Autónomas. Sin embargo, respecto a los trabajadores de la Administración estatal, local y de la Universidad, los datos granadinos son más esperanzadores, con un 0,92%, 3,04% y 1,36% menos respectivamente.

Teniendo en cuenta que las diferencias numéricas entre los datos de 2008 y los de 2013 no se encuentran muy alejados, se observa que las consecuencias de las crisis en el sector público se hacen más palpables durante los últimos meses, cuya crudeza se agudizará próximamente como consecuencia, entre otros motivos, de la aplicación de la reforma de la Ley de la Administración local que actualmente está en marcha.