Desde junio, la Cámara de Comercio se ha prodigado poco en los medios. Aparentemente, la normalidad había vuelto a la institución, tras la elección de Federico Jiménez como presidente de la corporación. Aunque los procesos judiciales interpuestos por los trabajadores afectados por los expedientes de regulación seguían adelante -en junio se declaró nulo el despido de dos trabajadores y con anterioridad se dio la razón a otras dos empleadas, una de ellas embarazada, aunque todas las sentencias están recurridas-, de puertas para fuera parecía que las hachas de guerra se habían enterrado.

Pero no. Para nada. La polémica sigue instalada en la corporación y el objetivo principal es el secretario general, Jaime Parra. La Justicia ha admitido a trámite una querella criminal de los trabajadores contra Parra por "presunta falsedad documental en documento público", derivada del pleno en el que se autorizó el Expediente de Regulación Temporal de Empleo de la institución cameral, y en el que, según denunciaron en su día empleados y miembros del pleno, no hubo quórum suficiente para llevar a cabo la sesión. El quid de la cuestión en el que se sustenta la querella, según explicaron ayer fuentes cercanas al caso, es que, en la siguiente sesión plenaria, el secretario general dio lectura para su aprobación del acta del anterior pleno en la que "aparecían los nombres de dos personas que no estuvieron presentes". Y, teniendo en cuenta la figura jurídica especial del secretario general de las cámaras de comercio, "esas actas son un documento público".

El asunto, con ramificaciones desde el ámbito laboral, no queda ahí. Al margen de la querella de los trabajadores, un grupo de 11 empresarios y vocales del pleno de la Cámara han denunciado ante la Fiscalía al secretario general por "presunta prevaricación continuada y falsedad documental", pidiéndole que abra diligencias de investigación. Según apuntaron ayer fuentes empresariales, la decisión de este grupo de miembros del pleno se debe a la necesidad de "salvaguardar" la legalidad, ante el convencimiento de que hay "indicios de irregularidades" en el proceso seguido para la regulación de empleo de la institución.

Aunque se trata de dos procesos distintos -de hecho, la denuncia de los empresarios data de antes de verano, según explicaron fuentes cercanas-, el secretario general de la Cámara los considera como un todo. Jaime Parra asegura que la querella de los trabajadores es un intento de ganar por lo penal lo que el Juzgado de lo Social Nº4 de Granada ha rechazado desde el ámbito laboral. "Al verse sin posibilidades, han decidido interponer la querella", indica Parra, que asegura que "no tiene ninguna posibilidad de prosperar".

La última sentencia del Juzgado de lo Social, que determina la validez de los despidos de tres de los siete trabajadores afectados por el ERTE y a la que ha tenido acceso este periódico, desestima la demanda por despido, asegurando que, puesto que un acta cameral es un documento público, este prevalece sobre el testimonio de uno de los vocales del pleno que aseguró no haber acudido a la reunión en la que se trató el proceso de regulación, "máxime cuando no consta que el acta haya sido impugnada ante la jurisdicción penal, ni llegado a ser tachada de falsa por los actores en el acto de juicio, lo que hubiese obligado a suspender tal acto para dar la oportunidad a los mismos de interponer querella". Con todo, la sentencia asegura que su desestimación de la demanda no quiere decir que los trabajadores no puedan "ejercer las acciones de que en su caso se crean asistidos, incluso las penales, de insistir en que el acta del pleno de la Cámara refleja entre los asistentes a personas que no asistieron a tal acto".

Y eso es precisamente lo que han hecho los trabajadores. Aunque, según Jaime Parra, este paso en la jurisdicción penal, al igual que la denuncia ante la Fiscalía por parte de los vocales del pleno, apunta a la intención de "personas muy poderosas del ámbito empresarial" de "ensuciar" su nombre. "Me consideran culpable de no haber tomado la Cámara", indica el secretario general de la corporación. Eso sí, Parra asegura que no se quedará callado. "Voy a adoptar todas las medidas judiciales para limpiar mi buen nombre personal y profesional".

Por el momento, el procedimiento penal, que lleva a cabo el bufete Luna & Asociados en representación de los trabajadores, acaba de empezar. Una vez que se dé traslado de la querella al secretario general de la Cámara, para lo que hay un plazo estimado de diez días. Será entonces cuando se inicie la fase de instrucción del caso para determinar si realmente hubo o no quórum en la polémica sesión en la que dio luz verde al plan de reestructuración laboral de la Cámara.