El PP sigue con su ofensiva contra el Plan de Protección del Corredor Litoral propuesto por la Junta de Andalucía. Ayer, la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical, alcaldes de la comarca y representantes del PP presentaron en el registro de la Delegación de Medio Ambiente de la Junta en Granada más de 230 alegaciones contra el decreto, que el martes recibió el visto bueno de la Comisión Provincial de Urbanismo. Hasta 200 de las alegaciones son de vecinos, una veintena de asociaciones y organizaciones y once más de ayuntamientos, a las que hay que sumar la presentada por la Diputación de Granada.

Según el presidente de la Mancomunidad, José García Fuentes, las alegaciones presentadas ayer con "una llamada de atención" a la Junta para que "dé marcha atrás con el Plan, porque supone una condena del presente y también del futuro". Para fundamentar su rechazo, García Fuentes sostuvo que Granada es "discriminada" con respecto a Málaga y Almería, "que ya están desarrolladas". Además, indicó que "hay medidas que rayan lo absurdo, como la protección de los 500 metros", ya que "en algunos municipios se da la circunstancia de que están desarrollados en los primeros cien metros tendrán que dejar 400 metros detrás para poder seguir creciendo. Nos parece ridículo. Además, esos terrenos sin ningún tipo de interés ecológico".

Otro aspecto que criticó el presidente de la Mancomunidad -que engloba a 19 municipios- es que el decreto de la junta genera "indefensión jurídica, porque hay planeamientos que hay vigentes que ahora se ven afectados". Como consecuencia, García Fuentes predijo que "los que hayan comprado pueden ir a la ruina".

La alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, insistió en que "venimos a decirle no a la Junta". "Este decreto supone un varapalo. El objetivo de los ayuntamientos es la creación de empleo y esto lo que hace es parar los proyectos que están en marcha". La regidora expuso que el decreto autonómico -que aún está en fase de alegaciones- "va a suponer que se cargan de un plumazo 8.000 viviendas" previstas en el Plan de Ordenación, que "preveía 16.000 que tenía todos los parabienes de la Junta".

Es más, la también vicepresidenta de la Diputación dijo que "hay una mano negra que no quiere el desarrollo de Motril". En este sentido, señaló que están paralizados el polígono industrial del Puerto y la ampliación de la zona comercial. "Si no apoyan el desarrollo cómo pretenden que Motril genere riqueza y empleo".

La responsable de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del grupo parlamentario del PP andaluz, Ana Vanessa García, atacó a los alcaldes del PSOE "más leales a su partido que a sus vecinos" e incidió en que el Plan del Litoral ataca competencias municipales "mucho más que la reforma local" del Gobierno de Rajoy. García recordó además que la norma -"el peaje que tiene que pagar el PSOE a IU para gobernar"- ha sido recurrida al Tribunal Constitucional.