Dicen que no hay dolor comparable al que se siente cuando se pierde un hijo. Maribel Castilla y Maximiano Joyanes, padres del joven que fue hallado muerto en La Calahorra después de acudir a la boda de un amigo, no podrán nunca desprenderse de ese dolor, recrudecido estos días por la decisión que el juzgado de Guadix que ha instruido el caso ha adoptado: su archivo.

El matrimonio, que es de Jaén, ha lamentado que el órgano haya decidido dar carpetazo de nuevo al asunto -ya fue archivado y reabierto con anterioridad-, pero ha garantizado que no abandonará su incansable lucha por encontrar la verdad de lo que realmente ocurrió a su hijo aquella fatídica madrugada del 7 de septiembre de 2008. Por eso, según ha confirmado Maribel a este diario, su abogada ha recurrido ante la Audiencia Provincial de Granada la resolución judicial dictada el pasado 19 de marzo por el juzgado de Instrucción número 2 del municipio accitano.

En la causa nunca ha habido un presunto culpable. Nadie ha estado jamás imputado porque desde un principio se creyó -así lo consideraron los investigadores de la Guardia Civil en su atestado- que Javier tuvo la mala suerte de resbalar y sufrir una caída mortal en una rambla. Sin embargo, el matrimonio está convencido de que el joven fue atropellado y luego abandonado en el paraje donde apareció si vida al día siguiente.

De hecho, la pareja cuenta con otros informes, en su día aportados a las diligencias, que determinan que las fracturas que Javier presentaba (en la pelvis y en la mandíbula) eran más propias de un atropello que de una caída desde varios metros de altura. Uno de ellos lo firma el prestigioso forense Luis Frontera.

Pero el juzgado justifica el archivo en que tras la "extensa y ardua investigación" practicada para el esclarecimiento de los hechos "no existe ni una sola evidencia ni tan siquiera indicio que apunte a la existencia de criminalidad que justifique la continuación del presente procedimiento penal", explican los padres en un comunicado.

Maribel y Maximiano están convencidos de que sí hay motivos para seguir indagando; creen que existen piezas que no encajan, que hay puntos oscuros en el caso y quieren que asuma la investigación el Cuerpo Nacional de Policía.

En primer lugar, se preguntan "el porqué del desplazamiento". Sostienen que el desplazamiento del joven hasta el lugar donde apareció su cadáver "no concuerda con su carácter ni con la lógica humana, pues no se explica cómo llega a desplazarse a oscuras y en dirección contraria hacia el hostal donde estaba alojado".

Sobre este punto, recuerdan que la Guardia Civil apuntó a su supuesto estado de embriaguez para justificar ese desvío de su camino, y revelan que en el auto de archivo se habla "de la elevada tasa de alcoholemia en el cadáver (pudiendo haber influido la embriaguez en la caída)". Sin embargo, Maribel y su marido resaltan que el único dato objetivo sobre este extremo es que los análisis de Toxicología detectaron la presencia de 0,77 gramos de etanol por litro de sangre. Esa cantidad, según manifiestan, "no es prueba de la existencia de una intoxicación que implique alteraciones clínicas: físicas o psíquicas".

En segundo lugar están las heridas. "No se ha explicado -añaden- ni en el primer informe de autopsia ni en posteriores la causa de la muerte ni el mecanismo deproducción de las lesiones ni el estado de las ropas". Es por ello que el año pasado solicitaron la exhumación de los restos para un nuevo análisis encaminado a determinar "si estamos ante una muerte accidental u homicida". Esa segunda autopsia ha vuelto a ser solicitada en el recurso presentado contra el archivo.

En tercer y último lugar, la pareja quiere saber qué pasó "en sus últimos momentos". Nadie sabe quién fue la última persona que vio a su hijo con vida, si alguien lo acompañó o se marchó solo ni qué camino tomó. En este contexto, recuerdan que fueron ellos mismos quienes denunciaron la desaparición de Javier y no el amigo que viajó con él a la boda o el chico que se casaba.

Maribel y Maximiano, que están personados en la causa como acusación particular, están seguros de que "sí existen indicios evidentes de criminalidad", y reivindican su derecho a conocer la verdad sobre la muerte de Javier, su derecho a contradecir los dictámenes de autopsia y su derecho a que se tenga en cuenta la opinión de otros forenses.