Cuando Luna (nombre ficticio) logró por fin el año pasado divorciarse de su esposo, a quien había denunciado en 2009 por presuntos malos tratos, respiró tranquila y comenzó a ver su futuro y el de su hijo un poco más claro. Consiguió un techo digno (una vivienda en la capital de alquiler social) e inició una vida nueva. Empezó a levantarse con una ilusión renovada y confiada en que, una vez salvado el obstáculo judicial más grande -legalizar la ruptura de su matrimonio-, pronto normalizaría su situación y obtendría la pensión alimenticia para su hijo fijada en la sentencia de divorcio.

La resolución, emitida el 22 de julio de 2013, declaraba disuelto el matrimonio de Luna con Marius D., celebrado en Rumanía en diciembre de 2001, antes de que la pareja decidiese venir a España en busca de trabajo y una vida mejor. La sentencia determinaba que ambos progenitores ejercerían la patria potestad de su hijo menor, si bien éste quedaba "bajo la guarda y custodia de la madre", sin que se estableciese un régimen de visitas o estancias a favor del padre. En "concepto de alimentos", el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 2 de Santa Fe -que fue el órgano que conoció el caso-, estableció que Marius D. debía pasar mensualmente 300 euros al niño.

Pero el ansiado bienestar de Luna se eclipsó tanto por su enfermedad (sufre un problema de vértebras que le obliga a usar un andador) como por una nueva tardanza en los trámites para conseguir cobrar la pensión alimenticia para su hijo. Aún no ha podido solicitar la ejecución de la sentencia y, por tanto, que se embargue parte de la paga de 800 euros que percibe su ex marido -que se marchó al país de origen de ambos y se encuentra declarado en rebeldía- a raíz de sufrir un grave accidente laboral.

El motivo por el que la ejecución no se ha llevado a cabo es que el juzgado "no tiene la notificación telemática de que se haya publicado la sentencia en el Boletín Oficial del Estado (BOE)", según precisaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). La publicación del fallo en el BOE es en este caso un trámite obligado, al no haber podido el órgano judicial notificar la resolución al demandado ni personalmente ni por edicto, por hallarse éste en rebeldía y fuera del país. Se trata, por tanto, de un paso necesario antes de declarar la firmeza del fallo. Por su parte, la abogada de Luna dijo a este diario igualmente no tener aún constancia oficial de que la publicación en el BOE se haya hecho efectiva, garantizando no obstante que, una vez se tenga, interpondrá "una demanda ejecutiva" para solicitar el embargo de la pensión del padre del menor.

Luna no entiende por qué todo se retrasa tanto y por qué no se agota de una vez este trámite. Mientras tanto, pasa los días pegada a un parche de morfina y sobreviviendo con la ayuda de 426 euros que percibe. Su hijo padece "asma crónica" y necesita medicinas todos los meses. El alquiler de su nueva casa, que ocupa desde finales de marzo, son 90 euros y ha tenido que fraccionar el alta del agua porque no dispone de suficiente dinero para pagarlo en efectivo y en una sola vez. "No tengo ingresos suficientes para todo", dice apesadumbrada. Además de esperar la pensión de alimentos que le permitiría dar bien de comer a su hijo, aguarda también que se haga justicia por la agresión que asegura que sufrió y que fue el detonante de la ruptura. El hombre no ha sido aún juzgado por aquel episodio.

Cuando llegó con Marius a España, se instalaron en Motril, donde la mujer encontró un primer trabajo en la finca de una amiga de Los Guájares. Allí realizaba tareas agrícolas y, tras tener otras experiencias laborales, acabó siendo contratada como vigilante de seguridad en un polígono en 2009. En esas fechas, era la encargada de mantener con su sueldo a toda la familia, pues su ex esposo, que durante un tiempo estuvo trabajando en la construcción, sufrió una grave caída que le apartó definitivamente del trabajo.

La relación entre ambos se fue deteriorando y ella decidió romper el matrimonio, pero él no estaba de acuerdo y el 8 de julio de 2009, presuntamente, la agredió.

El episodio ocurrió estando ambos en la cocina de una vivienda que tenían alquilada en Lobres, tras indicarle ella que lo dejaba para marcharse a vivir a otro municipio. Según la versión que ofreció Luna en su día a este diario, Marius "reaccionó agresivamente" y se abalanzó sobre ella, "cogiéndola con ambas manos del cuello a la vez que apretaba fuertemente" diciéndole que no le pensaba dar el divorcio. La mujer logró evitar que la asfixiara "doblándole los dedos", y se marchó a su cuarto a recoger sus efectos personales para abandonar el domicilio con el pequeño, hoy ya casi un adolescente.

La desesperación llevó hace un año a Luna a hacer pública su historia, que todavía sigue sin el desenlace que desea. El teléfono contra el maltrato es el 016.