Una familia extranjera lleva 11 años viviendo en Granada. Se trata, concretamente, de un matrimonio con tres hijos. Al aterrizar en el país, los cinco solicitaron la nacionalidad española. Lo hicieron el mismo día, a la misma hora y en el mismo expediente. Sin embargo, y pese a estar en las mismas condiciones, uno de los tres hijos se quedó sin ella. ¿Cómo es posible? Por un fallo administrativo.

Tras tres tortuosos años de papeleo, esta familia se dirigió a la oficina del Defensor del Ciudadano, ya que el único hijo que aún no es español en términos legales quería matricularse en la Universidad y no podía hacerlo por no tener sus papeles en regla. Los problemas a los que se enfrenta una persona que no posee la nacionalidad son muchos: no sólo se le impide acceder a estudios universitarios, sino que tampoco puede viajar ni hacer trámites de ningún tipo, e incluso podría ser detenida nada más poner un pie en la calle. Por supuesto, el joven ya había peregrinado sin éxito por distintas administraciones. "Corroboré datos y me dirigí a las autoridades competentes. Efectivamente, me confirmaron que se trataba de un error en la administración; no obstante, aún no lo han resuelto. Esto indica que las cosas no se están haciendo bien", declaró ayer Manuel Martín, el Defensor del Ciudadano en Granada.

Martín quiso hacer un llamamiento a todas las administraciones públicas para que eliminen "el papeleo innecesario, la rigidez administrativa y las formalidades burocráticas superfluas", pues considera que los procedimientos deben ponerse siempre al servicio de las personas, y no al revés. "Ya no puedo más, ¿qué puedo hacer?", es la frase más escuchada en la oficina del Defensor del Ciudadano, tal y como comentó Martín.

Según sus datos, detrás de prácticamente el 100% de las quejas que llegan a la oficina siempre hay problemas derivados de la burocracia administrativa. "Esto genera víctimas y también excluidos: hay ciudadanos que desisten de hacer ciertas gestiones e incluso renuncian a tener unos derechos que les corresponden por ley", confirmó. En concreto, un 83% del total de las quejas tienen que ver directamente con dificultades relacionadas con la tramitación administrativa. Martín comenzó a enumerarlas: un primer bloque, que suma el 50%, tiene que ver con la lentitud en resolver, la callada por respuesta (esto es, el silencio administrativo que genera indefensión y no saber qué hacer), la falta de información (información escasa y compleja) y el dificultoso trámite. El Defensor explicó que "en ocasiones, solicitar o hacer gestiones se convierte en un recorrido turístico de ventanilla en ventanilla de distintas administraciones". Luego hay otro tipo de quejas que suman el 14%: las relacionadas con el lenguaje administrativo. "La jerga administrativa es difícil de entender; se dice que a veces la gente contrata a un abogado más para traducir este complicado lenguaje que para defender", comentó Martín, e hizo un llamamiento: "hace falta que las administraciones tengan un lenguaje administrativo asequible, razonable y que esté al alcance de la mayoría de los ciudadanos".

Otro tema a estudiar sería el conflicto de competencias (13%). De acuerdo con el Defensor, detrás de este problema hay a veces una lucha política entre administraciones, y "hay que evitarlo: la burocracia no está para eso".

Por su parte, otro 13% del total de quejas referentes a la burocracia tienen que ver con la agilidad en las devoluciones económicas. Martín se preguntó por qué si un ciudadano se retrasa o se equivoca en un pago determinado tiene que abonar intereses y si, por el contrario, es la Administración quien se equivoca, no lo hace. "La Administración debería tener la misma rapidez en devolver algo que no lo corresponde como en cobrar algo que le corresponde", apuntó. Y, por último, en el número 8 de las quejas derivadas del mal funcionamiento de la burocracia (10%) se sitúa la problemática de realizar trámites vía telemática o electrónica. Esto, que "debería ser una fortaleza del sistema y permitir ahorrar en tiempo", se está convirtiendo en una auténtica amenaza para algunos y, en especial, entraña un sinfín de dificultades a personas con necesidades especiales, mayores, inmigrantes, etc. Si el "vuelva usted mañana" era la frase típica del funcionario en una ventanilla, "en el mundo telemático también puede ser": a menudo la página no funciona, la red se cae, etc. Con todo, el ciudadano acaba confundido: ni siquiera sabe si su gestión se ha formalizado o si debe volver a empezar.

Por último, Martín mencionó dos asignaturas pendientes de las Administraciones Públicas. Una es la coordinación: "en un mundo globalizado en el que todos dependemos de todos, si no hay coordinación, algo está fallando". La segunda es la importancia de conjugar agilidad con legalidad: "todos necesitamos un cambio de mentalidad: lo legal no tiene por qué ser lento", dijo decidido.

Al igual que el caso de la familia de cinco miembros, el Defensor comentó -sin dar muchos detalles para ser riguroso con la Ley de Protección de datos- algunos otros ejemplos "llamativos" de problemas que le llegan a la oficina. Ley de Dependencia, enfermos mentales, menores… Las temáticas son variadas, pero no hay duda de quiénes son los que se llevan la peor parte: los inmigrantes. "Muchos de ellos ni siquiera dominan el idioma, se sienten desprotegidos y, por si esto fuera poco, la policía puede detenerlos en cualquier momento si no tienen sus papeles en regla", confirmó.

Para ayudar a los extranjeros, existen también algunas asociaciones específicas como Granada Acoge, que trabaja desde 1987 con la población inmigrante residente en la provincia de Granada. Con el objetivo de poder vivir en una sociedad igualitaria y plural, esta asociación dedica su esfuerzo a que las personas llegadas desde otros lugares cuenten con la ayuda necesaria para alcanzar unas condiciones de vida dignas y puedan desenvolverse a corto plazo de forma independiente. Además, realiza una denuncia social, política y jurídica ante situaciones de injusticia o de falta de atención que afectan a los inmigrantes.

En el año 2013 Granada Acoge atendió a 1.826 personas. Los motivos de estas consultas no son de extrañar; de hecho, coinciden con lo expresado por el Defensor del Ciudadano: la orientación jurídica y la documentación se sitúan en el tercer y cuarto puesto, sólo por detrás de la búsqueda de empleo y los cursos de formación.

Volviendo a la oficina del Defensor del Ciudadano en Granada, el número de quejas registradas en lo que va de año aún no es público. No obstante, Martín confirma que podrían haber aumentado con respecto al año pasado: "a veces incluso llegan reclamaciones que realmente no son competencia directa nuestra, como los casos de extranjería; aun así, las tratamos", explicó el Defensor.