La Cámara de Comercio no respira tranquila. La situación económica de la corporación no permite que las aguas se calmen. Ayer el comité ejecutivo de la entidad aprobó el despido de 7 de sus 24 trabajadores, una medida contemplada para subsanar el déficit que arrastra la entidad como resultado de la eliminación de las cuotas camerales. Según explicó en su día a este periódico el presidente de la Cámara, Federico Jiménez, la entidad tiene pérdidas anuales de 600.000 euros, que le han llevado a acumular una deuda total de 1,5 millones de euros.

La última palabra sobre los despidos, en cualquier caso, la tendrá el pleno de la institución, que será convocado en los próximos días para analizar tanto el plan de ajuste como las cuentas, que también fueron aprobadas ayer por el comité. Jiménez aseguró que, al contrario de lo que se ha insinuado en diferentes ámbitos, las cuentas "están auditadas desde el mes de julio", por lo que no hay ninguna polémica en torno a ellas.

La decisión de llevar a cabo los despidos llega ahora, después de que fuera aplazada en el mes de julio para evitar que se relacionaran los ceses con las acciones judiciales iniciadas por varios trabajadores contra el entonces secretario general de la entidad, Jaime Parra, que fue cesado de su cargo en cumplimiento de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que anulaba las bases del concurso por el que accedió al puesto.

Sin embargo, el hecho de que se haya retrasado tres meses la decisión de llevar a cabo los despidos no ha impedido que los trabajadores sigan viendo la medida como una represalia. Por el momento, según apuntaron ayer fuentes del comité de empresa, esperarán a que el pleno se posicione sobre los despidos para estudiar cualquier tipo de medida.

A la crisis laboral se le suma, además, el revuelo que han provocado en los últimos días las dimisiones de dos miembros del comité ejecutivo. El primero en tomar la decisión fue Luis Osuna, consejero delegado de Covirán, que dimitió el pasado viernes de su cargo como tesorero y como miembro del comité, aunque permanecerá como vocal en el pleno de la Cámara. Ayer fue Manuel Fuentes, farmacéutico y presidente del Colegio Profesional, que debía sustituir a Osuna como tesorero, el que decidió abandonar su puesto en el comité. Según el propio Fuentes, su decisión se debe simplemente a que no se considera preparado para asumir a partir de ahora el cargo de tesorero.

El presidente de la Cámara aseguró que, tras las dimisiones de Osuna y Fuentes, el próximo pleno también tendrá que aprobar la incorporación de dos vocales del pleno como miembros del comité ejecutivo, unos cargos que ya tienen nombre, aunque Jiménez prefirió ayer no revelarlos.