La Fiscalía de Medio Ambiente imputa al alcalde de Atarfe, Víctor Sánchez (PSOE), y su concejal de Urbanismo, Luis Esteban Marcos, así como a otros tres particulares, un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, a causa de los vertidos incontrolados de aguas residuales debidos al abandono de las instalaciones de depuración de la urbanización Llanos de Silva.

El escrito de acusación, desvelado ayer por IU en rueda de prensa, imputa además al alcalde atarfeño y a su edil de Urbanismo un delito de prevaricación ambiental. Por el primero de los delitos, los acusados podrían ser condenados a penas de hasta tres años de cárcel, además de una multa de 60.000 euros e inhabilitación. A los dos representantes municipales, además, la condena les podría suponer otros dos años de prisión.

Según el escrito, al menos entre el año 2001 y 2007 se habrían producido "de forma constante e ininterrumpida" los vertidos que generaron "una posibilidad de grave perjuicio para los sistemas naturales y la salud de las personas".

El caso arranca en 2001, cuando arreciaron las quejas de los vecinos de una urbanización construida en 1997 y que incluían una estación depuradora. Del relato de los hechos por parte de la Fiscalía, basados en informes del Seprona y la Confederación del Guadalquivir, se deduce que la falta de mantenimiento de la depuradora, a la que además -por decisión del alcalde- se derivaron las aguas residuales de un colegio -más de mil personas, entre alumnos y profesores-, colapsó el digestor de agua, ante la "dejación absoluta" del alcalde y sus "deberes legales".

Ante el agravamiento de la situación y las quejas vecinales, se procedió en 2003 a una reparación del colector, comprometiéndose el Ayuntamiento, la urbanizadora y el colegio al mantenimiento de la instalación en los tiempos sucesivos.

Sin embargo, tampoco se llevó a efecto, por lo que el agua residual saltó por el aliviadero y los vertidos siguieron produciéndose. Técnicos de la Confederación comprobaron que los parámetros superaban los niveles lícitos, al igual que el Seprona y la unidad de Policía adscrita a la Junta. Las aguas llegaron al embalse del río Cubillas.

Con los informes citados, el fiscal concluye acusando al alcalde y concejal de Atarfe, así como a R.P.B., administrador de la empresa que construyó la urbanización, y F.J.J.O., consejero delegado de la empresa gestora del colegio cuyas aguas residuales fueron a la depuradora.