Quince días. Ese es el tiempo que ha tardado el arzobispo de Granada, Javier Martínez, en pronunciarse respecto a la petición del magistrado Antonio Moreno del pasado 7 de mayo que a través de una providencia señaló que se había omitido información del caso Romanones. Ayer, la Archidiócesis de Granada emitió un comunicado donde se detallaba que el "Arzobispo ha respondido al requerimiento del Juzgado". Lo sorprendente de esta contestación es la negativa de Martínez a colaborar. El arzobispo ha emplazado al magistrado a solicitar al Vaticano toda la documentación de la que dispone, remitiéndose a la "legislación canónica aplicable".

En un comunicado, la Archidiócesis informa de que en un escrito firmado por el arzobispo, Francisco Javier Martínez, éste le señala que ha venido colaborando con el Juzgado para el esclarecimiento de estos hechos y ha aportado "cuanta información" se le ha solicitado desde el primer momento, e incide en que instó en su día al denunciante a poner los hechos en conocimiento de los tribunales, puesto que al ser ya mayor de edad, la denuncia sólo podía ser formulada por él. Tras eso, "se realizó inmediata comunicación de lo conocido en ese momento a la Fiscalía, aportando copia íntegra de lo comunicado a la Iglesia y ofreciendo su colaboración", mantiene el Arzobispado, que añade también que, "de acuerdo con la legislación canónica aplicable", es la Congregación para la Doctrina de la Fe, en la Santa Sede, "la que aboca para sí y se constituye en única instancia y tribunal eclesial competente para el conocimiento de las responsabilidades canónicas que se pudieran haber producido, y la que, por tanto, sigue en este momento el procedimiento propio para el esclarecimiento de los hechos". Según remarca el comunicado: "Es ella, pues, la que posee la documentación procedente y la que podría autorizar, el traslado a una instancia civil y la eventual divulgación de aquellas informaciones hechas en el ámbito de la conciencia", afirma el arzobispo, que se ofrece, en ese sentido, a solicitar "las oportunas autorizaciones de acuerdo con la legislación civil y eclesiástica aplicable, en lo procedente".

El abogado que ejerce la defensa de los principales imputados por el caso Romanones sí se había pronunciado respecto a la petición del juez Antonio Moreno que tachó de desproporcionada. "Veo la petición desproporcionada y que responde a una absoluta falta de pruebas si es que la jurisdicción no es capaz de acreditar un hecho", afirmó Javier Muriel a Granada Hoy ante el requerimiento del magistrado que insta a la institución a que le remita toda la documentación que pidió hace semanas relacionada con la decena de sacerdotes presuntamente implicados en esta causa. En concreto, Moreno afirmó que se habían omitido en la información aportada hasta ahora las "declaraciones e interrogatorios escritos de los sacerdotes sobre los que se inició el expediente eclesiástico" y que "necesariamente deben obrar de forma escrita a la luz de las disposiciones sobre procedimientos eclesiásticos que dieron lugar incluso a resoluciones de suspensión" de los acusados. En otra providencia anterior, fechada a 1 de marzo, a la que tuvo acceso este diario, el juez Moreno también requirió información al Arzobispado sobre quejas respecto a los sacerdotes desde que fueron ordenados.