Las últimas semanas no están siendo precisamente buenas para la directora de la Alhambra, Mar Villafranca. Después de tener que prestar declaración como detenida por el caso de las audioguías -que investiga supuestas irregularidades en la adjudicación del contrato de este servicio-, la gestora del monumento nazarí podría verse en los tribunales por acusar al hijo de Audrey Hepburn, Sean Hepburn Ferrer, de celebrar su boda de manera ilegal en el Palacio de Carlos V. A las 12:00 de la mañana, tras la celebración de un acto de conciliación previo que ha sido solicitado por Hepburn, el presidente de honor del Festival de Cine Clásico de Granada Retroback explicará en una comparecencia pública los detalles del encuentro, confirmará si finalmente se llevan a cabo acciones judiciales y si se actuará por la vía penal o civil.

Así lo explicó ayer el abogado de Sean Hepburn, Pablo Luna, que indicó en declaraciones a Efe que el hijo de la actriz considera que las acusaciones de una utilización ilegal del monumento han "dañado su imagen", por las consecuencias para su buen nombre y la repercusión internacional de la polémica.

Aunque la celebración, que contó con al asistencia del alcalde, José Torres Hurtado, tuvo lugar el pasado mes de agosto, no fue hasta los últimos días de la campaña electoral para las municipales cuando salieron a la luz las fotografías de la ceremonia, en las que aparece la mujer de Hepburn vestida de novia y el alcalde ataviado con los máximos distintivos de su cargo. El Patronato de la Alhambra explicó el pasado mayo que la petición de uso del Palacio fue para un concierto y que un informe interno redactado a raíz de la celebración la calificaba como una "incidencia sin precedentes". El documento, además, recordaba que "la ceremonia de bodas no está autorizada en la normativa de visitas y otros usos públicos del monumento" y apuntaba que si no se intervino fue para evitar "un conflicto institucional y de seguridad".

Aunque el alcalde aseguró en su momento que lo que se celebró no fue una boda sino un concierto, el PP indicó que el evento fue acordado de manera directa entre Villafranca y Hepburn, apuntando que si existía alguna ilegalidad, la responsable era la directora de la Alhambra.

En cualquier caso, un procedimiento judicial por daños a la imagen podría no ser la peor noticia para Villafranca, que se encuentra a la espera -como otros tres altos cargos del monumento, entre los que se encuentran la secretaria general, Victoria Chamorro-, de la publicación del decreto de la Fiscalía que decidirá la suerte que correrá la investigación sobre las audioguías. En principio, fuentes de la Fiscalía anunciaron que el decreto podría emitirse hoy o en los primeros días de la semana que viene.

El decreto puede archivar la investigación o desembocar en una denuncia penal ante los juzgados contra las personas que finalmente se consideren responsables de los delitos que se investigan. En caso de que la Fiscalía decida finalmente llevar el asunto a los juzgados denunciando a todas o a algunas de las personas que ha investigado -además de los representantes del Patronato de la Alhambra han declarado como detenidos dos responsables de la empresa adjudicataria- y pidiendo su imputación, la denuncia iría a reparto y sería un juzgado de Instrucción de la capital el órgano que se haría cargo de investigar ya judicialmente los hechos, incoando unas diligencias previas, o lo que es lo mismo, una causa penal.

En su momento, la directora del Patronato de la Alhambra anunció que si el caso de las audioguías va a juicio y es finalmente imputada, pondrá su cargo a disposición de sus superiores.